La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) expresan su preocupación por el recorte presupuestal para el sector judicial en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025.
En un comunicado, se señala que el PEF para 2025 en el que se plantea una reducción de 714 millones 400 mil pesos; es decir, 12.06% menos que lo solicitado para la SCJN, y 13 millones 117 mil 200 pesos, 17.45% menos, para el CJF.
Se detalla que ocho de cada 10 pesos solicitados corresponden al capítulo 1000, representados por sueldos, salarios y prestaciones, principalmente, por lo que una reducción como la planteada afectará la continuidad operativa de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
Además, se advierte que pone en riesgo el cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores.
¿Qué sucedería con el recorte?
La SCJN se vería obligada a reducir el número de plazas por el previsible ajuste en su estructura o en las prestaciones consideradas en las condiciones generales de trabajo.
En el caso del Consejo de la Judicatura Federal, el recorte presupuestal provocaría el cierre de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito.
También se tendría que reducir la plantilla laboral, lo que redundaría inmediatamente en una afectación al derecho de acceso a la justicia de las y los mexicanos.
Cabe recordar que en el decreto de Reforma al Poder Judicial de septiembre de este año se asegura que los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad, lo cual no ocurriría con un ajuste como el que se plantea.
Recorte afectará implementación de Reforma Judicial
La SCJN y el CJF señalaron que un recorte presupuestal de esta magnitud afectará la implementación de diversas reformas constitucionales en marcha, como la laboral, penal, civil, familiar y de mecanismos alternativos, así como la propia reforma judicial.
Indicó que los recursos solicitados incluyen previsiones necesarias para la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
