A menos de un año de la histórica reforma constitucional que instauró el sistema de elecciones populares para designar a ministros, magistrados y jueces, el Senado enfrenta un vacío legal por la falta de un mecanismo para la toma de protesta de las personas juzgadoras electas.
La situación podría llevar a escenarios como retrasos en la integración de los órganos jurisdiccionales, incluso vacío de autoridad, lo cual afectaría el debido funcionamiento del Poder Judicial.
Acuerdo de Mesa Directiva
Un acuerdo impulsado por la Mesa Directiva del Senado reconoce que si bien el nuevo diseño electoral fue elaborado con exhaustividad, la legislación secundaria omitió un aspecto crucial.
Y es que no se estableció la obligación de que las autoridades electorales y judiciales informen formalmente al Senado sobre los resultados definitivos de la elección.
Además, de las impugnaciones resueltas del proceso, a fin de que la Cámara Alta pueda estar en condiciones materiales suficientes para llevar a cabo la toma de protesta conforme lo establecen en los artículos 96, fracción IV, y 97 de la Constitución.
Ausencia de mecanismo
La ausencia de este mecanismo de comunicación genera incertidumbre respecto al proceso de asunción de los nuevos cargos judiciales.
Actualmente, no hay un procedimiento que asegure que el Senado contará con la información oficial, actualizada y definitiva para programar y celebrar el acto protocolario de toma de protesta en tiempo y forma.
“El correcto funcionamiento del sistema de justicia electoral y la operatividad del Senado requieren procedimientos claros y eficientes”, señala el documento aprobado por la Mesa Directiva.
El documento destaca que esta omisión podría derivar en escenarios indeseables, como retrasos en la integración de los órganos jurisdiccionales o incluso vacío de autoridad, eso afectaría el debido funcionamiento del Poder Judicial.
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Hito en vida democrática
La reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024 marcó un hito en la vida democrática del país.
Al establecer que ministras y ministros de la Suprema Corte, así como magistradas y magistrados del Tribunal Electoral sean electos por el voto popular.
La transformación del modelo de designación judicial fue promovida por el gobierno de Morena.
La decisión fue como una vía para fortalecer la legitimidad democrática del Poder Judicial.
Pese al carácter inédito y disruptivo de la reforma judicial el Legislativo no previó un esquema formal de comunicación.
En particular con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Senado.
Senado instancia facultada
La Cámara alta es la instancia facultada constitucionalmente para tomar protesta de ley de las y los juzgadores electos el pasado 1 de junio.
Considera que la omisión legislativa pone en riesgo el cumplimiento de una de sus funciones esenciales.
La Mesa Directiva del Senado propuso un acuerdo para establecer un procedimiento institucionalizado que garantice recibir la información para cumplir con el deber constitucional.
“Es imperativo establecer un procedimiento claro de comunicación entre las autoridades electorales, judiciales y el Senado”, advierte el documento.
También subraya la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de esta Cámara para contribuir a la estabilidad y eficiencia del sistema de justicia en México.
Lineamientos operativos
Buscará establecer lineamientos operativos entre las autoridades involucradas.
De esta forma se pretende garantizar que la toma de protesta de los nuevos juzgadores se realice sin contratiempos.
La propuesta forma parte de medidas legislativas emergentes para complementar la implementación de la reforma judicial.
Además, de corregir omisiones que, de no atenderse, podrían impactar negativamente en la gobernabilidad del sistema judicial.
