Nueva Ley de Aguas aprobada en “fast track”, con impulso de Morena-PT-PVEM
Con el impulso de Morena y sus aliados PT y PVEM, el Senado de las República aprobó, en lo general, la nueva Ley General de Aguas, un ordenamiento que, según los morenistas, garantiza el agua como derecho humano e impide su mercantilización, pero que la oposición consideró abre la puerta al “control político” del recurso.
En “fast track”, con dispensa de trámites y sin acompañamiento de la oposición, el decreto fue enviado de forma inmediata a la titular del Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La tensión en el pleno
Desde la llegada de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, la tensión se respiró en los pasillos y estalló minutos después en el pleno. En los escaños de Morena se alzaban carteles con la leyenda: “El agua es vida, no mercancía”.
En cambio, en la bancada priista aparecieron otras frases: “Morena traiciona a los campesinos”, “No a la reforma del agua”, “¡Aguas con el agua!”, e incluso un provocador: “Si Zapata viviera… con esta pinche ley no estuviera”.
La guerra de cartulinas apenas fue el preludio, porque después algunas senadoras del PAN desplegaron una gran manta en la zona lateral izquierda del Salón de Plenos, donde estaba plasmado el dibujo de un campesino y la leyenda: “Expropiar el agua es condenar al campo a pobreza, a la falta de alimentos para el pueblo…”.
Choque en tribuna
La sesión abrió con una esgrima verbal inmediata entre Ricardo Anaya, coordinador del PAN, y el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández.
La oposición presentó una moción suspensiva para detener el proceso “exprés”, pero fue rechazada sin titubeos. En tribuna, Anaya soltó la acusación que encendería todo:
“Vamos hacia una dictadura donde Morena controla todo, incluso el agua”.
Con el ejemplar de la minuta en la mano, afirmó que la reforma contiene “dardos envenenados” que permitirían al gobierno decidir discrecionalmente la reasignación de concesiones:
“Ahora si el campesino quiere vender su tierra y tiene una concesión de agua, se inventaron ustedes un nuevo procedimiento. Ahora hay una reasignación siempre y cuando se le pegue la gana a la autoridad de Morena. En otras palabras, podrás vender tu tierra, pero el agua regresa al gobierno”.
Interrumpido una y otra vez desde la bancada oficialista, Anaya pidió detener el reloj y respondió con dureza:
“No sean ignorantes, lean el artículo 22… Vamos derechito a un régimen autoritario”.
El debate subió de tono cuando acusó a Morena de utilizar el discurso contra “acaparadores de agua” como arma política y reveló que Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde, sería uno de los mayores concentradores de concesiones en el país.
Concluyó con un mensaje a gritos, entre aplausos de su bancada:
“No les interesa el agua, les interesa el control político. ¡Que viva la libertad y que viva México!”.
La defensa oficialista de la nueva Ley General de Aguas
Adán Augusto López Hernández subió a tribuna de inmediato para responder. Acusó a Anaya de mentir deliberadamente y de arrastrar desde hace años una obsesión personal:
“Tal parece que les duele todavía la apabullante derrota del 2018. Ese es un trauma que nunca va a poder superar”.
El morenista aseguró que la transmisión de derechos no desaparece, y leyó el artículo 49:
“La nueva persona propietaria conservará los derechos sobre la explotación, uso y aprovechamiento del agua. La autoridad expedirá un nuevo título conforme al volumen original”.
López Hernández dijo que la reforma no busca control político, sino cumplir una promesa de campaña y garantizar el acceso al agua como derecho humano.
Voces de la oposición
Paloma Sánchez, del PRI, manifestó su rechazo a la ley, asegurando que no atiende las necesidades de los productores y campesinos, sino que más bien los criminaliza:
“Con esta ley lo que quiere el gobierno es criminalizar a los productores y a los campesinos. Ahora son a ellos a los que persiguen en lugar de ir en contra de los delincuentes”.
Desde Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo acusó que la ley no devuelve el agua al pueblo, sino que la centraliza en el gobierno:
“Este no es un proceso de democratización del agua. Es recentralización”.
Los cambios aprobados con la nueva Ley General de Aguas
A pesar de la tormenta, el Senado avaló uno a uno los ejes que modifican el uso, transmisión y penalización en torno al recurso hídrico:
- Restricciones a transmisión de derechos (Artículo 22).
- Prórrogas más claras (Artículo 24).
- Cambios de uso en actividades agrícolas (Artículo 49).
- Penas por traslado ilegal de agua (123 Bis 3).
- Castigos más severos a funcionarios (123 Bis 5).
- Candados contra acaparamiento (Transitorios).
Campesinos y agricultores: “Nos quieren quitar el agua del campo”
Fuera del recinto legislativo, organizaciones campesinas y agricultores denunciaron que la reforma representa un riesgo directo para la producción agrícola.
Octavio Lomelí, representante de productores de Puebla, Tlaxcala y Veracruz:
“Lo que quieren ahora es quitarnos esas concesiones y dejarnos en abandono. Ese patrimonio que nuestros antepasados construyeron debe seguir vigente para que podamos continuar produciendo comida”.
Desde Chihuahua, Jorge Gutiérrez, integrante de Agricultores Unidos:
“Van a traer los tractores por si nuestros legisladores nos quieren quitar el derecho de trabajar; ahí están los tractores para que ellos trabajen por nosotros”.
Eraclio Rodríguez, del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano:
“La ley no obliga a consultarnos, pero a las comunidades indígenas sí. Y claro que no las consultaron. No trae ni un centavo de inversión en ninguno de los sectores”.
Las organizaciones estiman que la reforma podría devaluar hasta en 40% el valor de las tierras agrícolas y encarecer los costos de producción, lo que impactaría directamente en el precio de los alimentos.
Los agricultores coincidieron en que, ante la aprobación vía fast track de la Ley de Aguas, las movilizaciones de protesta se intensificarán.
