Senado aprueba Ley de Infraestructura Estratégica
El Senado aprobó la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con 84 votos a favor y 28 en contra. El decreto también incluye reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como modificaciones al Código Fiscal de la Federación.
En consecuencia, el dictamen se turnó al Poder Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor conforme a los procedimientos constitucionales.
Nueva Ley de Infraestructura Estratégica, para atraer capital privado
Las reformas buscan establecer un nuevo marco legal que permita atraer capital privado bajo reglas claras, transparencia y certidumbre jurídica. Lo anterior, sin que ello implique la pérdida de la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos de la nación. El nuevo ordenamiento consta de 141 artículos que regulan mecanismos de inversión para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica.
Los mecanismos de inversión se regirán por el principio de rectoría del Estado en beneficio de la Nación. Además, deberán velar en todo momento por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero mexicano. Por lo tanto, la ley debe permitir la participación de los sectores público, privado y social en proyectos prioritarios.
Vehículos de Propósito Específico y Consejo de Planeación
La nueva legislación crea la figura de los Vehículos de Propósito Específico para generar coordinación efectiva entre los sectores. Estos vehículos podrán constituirse a través de fideicomisos públicos o privados, mandatos o sociedades anónimas de diversos tipos. De esta manera, se busca facilitar la colaboración público-privada en infraestructura estratégica.
Asimismo, la ley instrumenta el Consejo de Planeación Estratégica en Infraestructura, que será presidido por el Ejecutivo Federal. Este órgano consultivo será responsable de establecer criterios técnicos, emitir lineamientos de coordinación y formular recomendaciones no vinculantes. Sus funciones incluyen definir políticas, lineamientos y visión de desarrollo en la inversión estratégica en México.
La nueva Ley de Infraestructura Estratégica pretende detener la caída de la inversión pública
Senadores de Morena defendieron el dictamen al señalar que ofrece piso parejo a los inversionistas. También fortalece los mecanismos de control, evaluación y seguimiento de los proyectos estratégicos. La iniciativa responde a la necesidad de revertir la caída de la inversión pública, que registró una contracción real de 28.4 por ciento el año pasado, la más severa en tres décadas.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, subrayó que el dictamen parte de un diagnóstico realista. Detectó deficiencias en proyectos anteriores como renegociaciones sin criterios definidos, obras inconclusas, pasivos sin fuente de pago y conflictos sociales. Por ello, la nueva ley busca corregir esas fallas estructurales.
Oposición alerta sobre riesgos de deuda y opacidad
Por el PRI, Rolando Zapata Bello argumentó que el dictamen parte de un diagnóstico equivocado al atribuir la falta de inversión al sector privado. Señaló que entre 2018 y 2026 el gasto corriente creció más de 90 por ciento, mientras la inversión en obra pública se redujo significativamente. Advirtió que los esquemas mixtos podrían ocultar obligaciones financieras al registrarse como pasivos contingentes, trasladando costos a futuras administraciones.
Raymundo Bolaños, del PAN, alertó que la minuta podría derivar en mayor endeudamiento y presión sobre las finanzas públicas. Criticó que la ley permita excepciones a los procesos de licitación, lo que podría incrementar las adjudicaciones directas y reducir la competencia. «Esta ley genera muchas más dudas regulatorias por falta de controles y espacios para el derroche de dinero público», señaló el panista.
MC vota a favor, pero exige certeza jurídica
La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, adelantó que su bancada votará a favor, aunque expuso que en este tema es necesario fortalecer la colaboración público-privada. Asimiso, expresó que el país enfrenta un escenario económico complejo, con bajo crecimiento, alta deuda y caída en la inversión productiva. Barrales insistió en la necesidad de garantizar certeza jurídica para los inversionistas y generar confianza tanto para el sector empresarial como para la ciudadanía.
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