El Senado de la República aprobó en lo general tres de las cuatro leyes que integran el Paquete Económico 2026: la Federal de Derechos y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como el Código Fiscal de la Federación (CFF).
Las tres leyes ya se enviaron a la titular del Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Morena y sus aliados del PT y PVEM impusieron su mayoría ante la oposición para avalar las reformas, que incluyen ajustes a las cuotas migratorias, nuevas medidas contra empresas factureras y alzas en impuestos especiales a productos de bebidas saborizadas, tabaco, videojuegos violentos y juegos con apuestas.
La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) contempla incrementos significativos en diversos rubros.
Gravamen a bebidas saborizadas
En el caso de las bebidas saborizadas, se imponen un gravamen de 3.08 pesos por litro., mientras que las bebidas sin azúcar, “light” o “cero”, se establece una cuota de 1.50 pesos por litro.
Se contempla que las empresas disminuyan el contenido calórico de sus productos y promuevan la transición del consumo de refrescos azucarados a versiones “light” o “cero”.
Impuesto al tabaco y videojuegos
En cuanto al tabaco, el impuesto especial aumentará de 160% a 200%, además de una cuota gradual por cigarro:
- 0.85 pesos en 2026
- 0.91 pesos en 2027
- 0.99 pesos en 2028
- 1.07 pesos en 2029
- 1.15 pesos en 2030
Los videojuegos con contenido violento o para adultos también serán gravados con un IEPS de 8%, aplicable tanto a productos físicos como a descargas digitales.
En el caso de los juegos con apuestas, el impuesto será de 50%, abarcando tanto las apuestas presenciales como las realizadas a través de internet o plataformas digitales.
IEPS no es fórmula recaudatoria, reitera Morena
El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que el IEPS no es solo una fórmula recaudatoria, sino una herramienta para proteger “lo más valioso: la vida, la salud y el bienestar del pueblo de México”.
Subrayó que el objetivo del IEPS es reorientar los recursos públicos hacia la salud y la prevención, al tiempo que responsabiliza a las empresas cuyos productos o servicios generan daños sociales y sanitarios.
“No estamos aquí para prohibir ni señalar culpables, estamos aquí para poner orden y para que quienes generan riesgos asuman también parte del costo, que no sea siempre el pueblo quien pague”, expresó.
Obtener más recursos
Karla Toledo, del PRI, criticó la propuesta del gobierno federal de incrementar el IEPS, al señalar que el verdadero objetivo no es proteger la salud de los mexicanos, sino obtener más recursos a costa del bolsillo de las familias, especialmente de las que menos tienen.
Toledo precisó que el discurso oficial de que el alza al impuesto tiene fines de salud pública “es una mentira disfrazada de política pública”.
“Nos dicen que este incremento de impuestos es una medida de salud pública, pero la verdad es que no se trata de cuidar la salud.
“Este gobierno lo que está tratando es de cuidar su caja, porque si de verdad quisieran proteger la salud de los mexicanos, no estaríamos hablando de más impuestos”, expresó.
Retroceso y carga fiscal excesiva
Néstor Camarillo, de Movimiento Ciudadano, anunció que su bancada votaría en contra de los tres dictámenes, porque representan un retroceso y generan una carga fiscal excesiva para las y los mexicanos, especialmente quienes menos tienen.
Expresó que el pretexto de sostener programas sociales no justifica el incremento de impuestos.
“No estamos en contra de los programas sociales, al contrario, estamos a favor de ellos, pero no se puede usar como excusa para subir impuestos, endeudar más al país o tapar los huecos de una administración financieramente deficiente”, afirmó.
Ajustes en cuotas migratorias
La Ley Federal de Derechos introduce ajustes en cuotas migratorias, nuevos cobros por servicios especiales y adecuaciones en sectores clave como telecomunicaciones y financiero. Se prevé recaudar 157 mil 82 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2026.
Entre las principales modificaciones destacan incrementos en los cobros de servicios migratorios, de aviación civil, telecomunicaciones, certificaciones agrícolas y acceso a zonas arqueológicas y museos.
De acuerdo con el dictamen, los permisos para residentes temporales y permanentes aumentarán en más del 100%, mientras que el costo para visitantes sin permiso de trabajo subirá 14.2%.
En casos humanitarios
Se mantendrá un descuento del 50% para casos humanitarios, como reunificación familiar, ofertas de empleo o invitaciones de carácter cultural.
Asimismo, se incrementarán los costos de acceso a museos y zonas arqueológicas administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El boleto de entrada al Museo Nacional de Antropología, Teotihuacán o Chichén Itzá pasará de 95.58 a 209.9 pesos.
No obstante, se estableció un descuento de hasta 50% para personas nacionales o extranjeras residentes en el país que acrediten su estatus, por lo que pagarán 104.50 pesos.
Pagar por abordar embarcaciones
La nueva ley también fija un cobro de 297.89 pesos por autorizaciones para abordar embarcaciones en navegación de altura —como los cruceros— y de 294 pesos por la emisión de permisos de salida de menores al extranjero.
En materia aeronáutica, el costo de los permisos para construcción, explotación y ampliación de aeródromos, helipuertos e hidroaeródromos aumentará más de 27%, mientras que los servicios migratorios extraordinarios a vuelos no regulares y derechos para aeronaves privadas subirán 4.5%.
Las aeronaves destinadas a protección civil o servicios médicos estarán exentas.
También se contempla un incremento de más del 25% en los certificados fitosanitarios internacionales para la exportación de vegetales, animales vivos, productos y subproductos.
Cobros por servicios
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) elevará en 16% los cobros por servicios de inspección y vigilancia a instituciones financieras, entre ellas casas de bolsa, fondos de inversión y bancos.
Se actualizan los derechos por uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico, con el argumento de que los ingresos adicionales permitirán ampliar la cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en regiones que aún carecen de ellos.
La reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) otorga mayores facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para combatir la emisión de comprobantes fiscales falsos y otras prácticas de evasión.
Procesos por simulación
El dictamen armoniza el Código con el artículo 19 de la Constitución, de modo que las personas vinculadas a procesos por simulación de operaciones o emisión de facturas falsas puedan enfrentar prisión preventiva oficiosa.
Se especifica que un comprobante fiscal será considerado falso cuando no ampare operaciones reales o actos jurídicos existentes, y se faculta al SAT para presentar querellas penales contra quienes los emitan.
Asimismo, el fisco podrá:
- Negar la inscripción en el RFC a personas morales cuyos socios o representantes hayan participado en empresas vinculadas con facturación falsa.
- Realizar visitas domiciliarias exprés (en un plazo máximo de 24 días) para verificar la veracidad de los comprobantes fiscales.
- Restringir de manera definitiva los certificados de sello digital y presentar denuncias penales en caso de comprobar irregularidades.
Obligación a plataformas digitales
También se establece la obligación para plataformas digitales como Amazon, DiDi y otras de proporcionar acceso en tiempo real al SAT sobre la información fiscal de sus operaciones.
En caso de detectar irregularidades, podrán ser bloqueadas temporalmente.
Otro punto relevante es la lucha contra la comercialización ilegal de hidrocarburos, al facultar al SAT para suspender temporalmente los sellos digitales a las empresas del sector energético que emitan comprobantes sin número de permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
