El Senado aprobó la lista de 10 personas aspirantes que buscan ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), avanzado en la elección vacante que dejó Alejandro Gertz Manero, quien renunció la semana pasada y fue propuesto para representar a México en una embajada.
Con 88 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones el pleno senatorial avaló el listado, donde avanza Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la institución y considerada una de las principales favoritas para encabezar la Fiscalía.
Diez aspirantes compiten para ocupar la titularidad de la FGR
La lista se envió de inmediato a la titular del Poder Ejecutivo, quien deberá regresar una terna en las próximas horas para que el Senado realice la designación final.
Por otro lado, las senadoras y senadores de oposición denunciaron que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) modificó la lista original al excluir al magistrado Alfredo Barrera Flores e incluir en su lugar a Félix Roel Herrera Antonio, exrepresentante de Morena ante el órgano electoral de Tabasco.
La lista definitiva se conforma por cinco mujeres y cinco hombres:
- Luz María Zarza Delgado
- Maribel Bojorges Beltrán
- Sandra Luz González Mogollón
- Ernestina Godoy Ramos
- Mirna Lucía Grande Hernández
- Luis Manuel Pérez de Acha
- Félix Roel Herrera Antonio
- Hamlet García Almaguer
- David Borja Padilla
- Miguel Nava Alvarado
Senadores critican proceso de designación
Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó a Morena de “debilitar” la autonomía de la Fiscalía mediante reformas que redujeron los requisitos para ser fiscal general y facilitaron el nombramiento de perfiles cercanos al gobierno para ocupar la titularidad de la FGR.
A su vez, recordó que las reformas de 2014 vinculaban los requisitos para ocupar el cargo con los que exige la Constitución para ser ministro de la Suprema Corte, lo que impedía nombrar a figuras con cargos políticos recientes.
Sin embargo, aseguró que las modificaciones hechas en 2024 “abrieron la puerta” a perfiles con militancia activa en Morena.
Asimismo, denunció que la renuncia de Gertz Manero fue “negociada” para permitirle acceder a una embajada:
“Aquí de eso se trata, de pactar, de corromper, de acomodar”, afirmó, al señalar que el proceso se está llevando con “prisas” y una lista hecha sin consultar a los grupos parlamentarios.
Sobre el cambio de último minuto en la lista, Anaya advirtió:
“El nombre que cambiaron es el único que había sido crítico con este gobierno. ¿Qué nos están diciendo con este cambio? Aquí sólo pasan los cuates”.
También criticó que se abandonara el procedimiento que se utilizó en 2019, el cual contemplaba entrevistas en comisiones, y en su lugar se optara por un formato de preguntas y respuestas directo en el pleno.
Representantes del PAN y MC se suman a las críticas
Por el Partido Acción Nacional (PAN), Raymundo Bolaños expresó que la FGR corre el riesgo de convertirse en un “premio a la lealtad política”, al afirmar que el proceso se diseñó para favorecer a una candidata en específico.
Recordó que la Constitución establece que la renuncia del fiscal general sólo procede por “causa grave” y criticó que Gertz Manero presentó lo que calificó como un “retiro” para ocupar una embajada.
“Hoy todos sabemos quién será electa fiscal general de la República: una fiscal incondicional y a modo de los intereses del oficialismo”, señaló.
De igual manera, afirmó que el Senado actúa como una “oficialía de partes” del Ejecutivo y que la rapidez y opacidad del procedimiento vulneran la autonomía de la FGR.
“Este procedimiento vulnera nuestra Constitución… Estamos condenados a ser un país de cuotas y de cuates”, señaló.
Por su parte, Néstor Camarillo, de Movimiento Ciudadano (MC), llamó a mantener el foco en la crisis de impunidad que enfrenta el país y criticó que el procedimiento de 2025 sea significativamente menos transparente y deliberativo que el realizado en 2018.
Además, citó cifras del INEGI según las cuales en 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos, pero sólo el 9.6 % se denunció; de estos, únicamente 0.8 % tuvo una resolución favorable.
“México necesita una fiscalía que investigue, que sancione, que garantice justicia a las víctimas. La Procuración de Justicia no es tarea de un partido político”, subrayó.
Camarillo sostuvo que el proceso actual “opaca la legitimidad” del nombramiento y llamó a actuar con “seriedad y sentido de Estado”.
“Lo ideal habría sido convocar un procedimiento plural, amplio y con participación ciudadana”, concluyó.
