El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña confirma que esta cámara del Congreso de la Unión será la que reciba primero las tres iniciativas leyes secundarias que regularán la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.
En entrevista, el senador de Morena precisa que el Senado es la cámara de origen donde primero se analizará, dictaminará, votará y, en su caso, aprobará las tres iniciativas de leyes secundarias o reglamentarias que este martes envió el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión.
Por ser leyes secundarias no se requiere aprobarlas con mayoría calificada
Fernández Noroña aclara que al ser iniciativas leyes secundarias no requieren ser aprobadas por mayoría calificada, sino por mayoría simple.
Las iniciativas buscan reformar las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y General de Responsabilidades Administrativas.
Registro de aspirantes a participar en la elección de juzgadores
En otro tema, el presidente de la Cámara de Senadores informó que, hasta la noche de este martes, tres mil 512 aspirantes se registraron para participar en la elección de personas juzgadoras.
Fernández Noroña confía en que sin ningún problema se superarán los cinco mil, mínimo requerido para el proceso electivo.
Informa que la etapa de inscripción continúa abierta hasta el próximo domingo 24 de noviembre, a través del portal digital habilitado para ello, así como en las áreas de Oficialía de Partes tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados.
Se alistan senadores para analizar reforma constitucional en materia de PPO
En la sesión del Pleno del Senado, los legisladores se alistan para revisar y, en su caso, aprobar la minuta que envió la Cámara de Diputados sobre la reforma a la Constitución para imponer la prisión preventiva oficiosa (PPO) a quien cometa el delito de extorsión.
Cabe destacar que de la minuta que se aprobó en el Palacio Legislativo de San Lázaro excluyó los delitos sobre narcomenudeo y la defraudación fiscal.
El miércoles 13 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 19 de la Constitución y la remitió al Senado por lo que ahora dictaminará esta minuta.
Esta reforma constitucional incluye la extorsión en el listado de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta medida busca reforzar la lucha contra este ilícito y reducir su incidencia.
La reforma modifica el artículo 19 constitucional
Esa reforma pretende modificar el párrafo segundo del artículo 19 constitucional y busca que el juez ordene prisión preventiva oficiosa para actividades ilícitas.
Entre ellas está la ilegal introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos.
También se ordenará la medida en los mismos casos para las sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
A quiénes aplicará la prisión preventiva oficiosa
Aplicará la prisión preventiva oficiosa a quien cometa delitos contra la salud, contra el libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
Estudio sobre tipificar la extorsión como delito grave
El estudio “Propuestas para tipificar la extorsión como delito grave” del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado menciona que, por cada cien casos, en dos se abra carpeta de investigación.
Asimismo, se indica que las formas más comunes de extorsión en el país son el cobro de piso y las amenazas o engaños telefónicos.
Dentro de la investigación presentada por Juan Pablo Aguirre Quezada indica que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de 2023 revelan que 10 mil 337 denuncias se realizaron a causa de la extorsión mientras que un año anterior la cifra se colocó en 10 mil 343.
Entidades que destacan por el delito de extorsión
Entre las entidades con mayor número de denuncias destacan el estado de México con 4 mil 010; Veracruz con 881; Guanajuato con 801; Nuevo León con 797, y Jalisco con 588.
En contraste, las entidades con menos denuncias fueron Coahuila con 30; Chiapas con 18; Yucatán con 14; Chihuahua con cinco, y Tlaxcala con tres.
