Un tribunal civil en Miami, Florida, ha dictado sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, por un esquema de contratación ilegal que desvió recursos públicos.
Como resultado, ambos deberán pagar un total de 2 mil 500 millones de dólares en sanciones económicas.
La jueza Lisa Walsh, del Décimo Primer Circuito Judicial de Florida, determinó que García Luna debe restituir 748 millones de dólares, mientras que Pereyra afronta una sanción mayor de mil 740 millones de dólares.
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La sentencia se emitió sin juicio
La sentencia se emitió sin juicio, ya que los acusados no respondieron a la demanda presentada por el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El fallo destacó que, entre 2012 y 2018, García Luna y una red de colaboradores manipularon contratos de seguridad para extraer al menos 250 millones de dólares.
Los recursos se enviaron a cuentas y propiedades en Miami-Dade, Florida, para ocultar los fondos ilícitos.
La UIF sostuvo que el dinero se lavó mediante empresas fachada y bienes inmuebles de lujo.
Autorizan a México a confiscar bienes en Florida
La sentencia autoriza al gobierno mexicano a confiscar bienes localizados en Florida y otras jurisdicciones que cooperen con órdenes civiles.
Entre los codemandados figuran empresarios y exsubordinados de García Luna, algunos de los cuales ya han pagado sumas menores como parte de acuerdos con la UIF.
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García Luna condenado en Nueva York
García Luna, quien ya enfrenta una condena en Nueva York por narcotráfico y delincuencia organizada, ahora deberá afrontar esta sanción económica en el ámbito civil.
Mientras tanto, Pereyra, aunque no enfrenta cargos penales, es señalada como pieza clave en la transferencia y ocultamiento de activos.
Se espera que en los próximos días el gobierno mexicano inicie el proceso de embargo de propiedades y búsqueda de activos para recuperar parte de los fondos desviados.
La UIF ha reiterado que continuará con acciones legales para garantizar la reparación del daño causado al erario público.
