En una maniobra de último minuto para corregir una disposición de difícil aplicación técnica, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó este 31 de diciembre un decreto que frena el impuesto de 8% a los videojuegos considerados “violentos”, el cual debía entrar en vigor el 1 de enero de 2026.
A través de un estímulo fiscal del 100%, el Ejecutivo anula en la práctica el gravamen aprobado apenas en noviembre por el Congreso de la Unión. Esta rectificación ocurre tras reconocerse la inviabilidad operativa de clasificar miles de contenidos digitales y el costo político entre la comunidad gamer, que suma más de 76 millones de usuarios en el país.
Sheinbaum frena impuesto a videojuegos sin derogar la ley
Para evitar un nuevo debate en el Congreso que evidenciara las fallas de la reforma original a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la mandataria optó por la vía del decreto presidencial.
La contradicción normativa es evidente: el impuesto del 8% seguirá vigente en el texto de la ley. No obstante, el estímulo fiscal lo hace inaplicable en la práctica.
Condición de control: sin traslado al consumidor
El decreto establece que el estímulo solo será procedente si las empresas (como Steam, PlayStation Store o Xbox) no trasladan el costo al consumidor. Es decir, se prohíbe subir precios argumentando este impuesto.
Una política fallida ante la realidad técnica
La rectificación presidencial se fundamenta en la incapacidad del Estado para definir criterios objetivos sobre qué constituye un “videojuego violento”. La administración admitió que clasificar el catálogo global de títulos era una tarea inalcanzable para las autoridades hacendarias y culturales.
Además, la recaudación estimada —apenas 183 millones de pesos anuales— resultaba insignificante frente al riesgo de criminalizar a una industria que genera más de 2,300 millones de dólares en México.
Expertos fiscales señalan que el decreto resuelve una política fallida de manera eficiente. Sin embargo, deja una inconsistencia legal al mantener vigente un impuesto que el propio gobierno ha decidido no cobrar.
Sheinbaum frena impuesto a videojuegos y gira hacia la prevención
Con esta medida, el Gobierno sustituye el enfoque punitivo (recaudar por contenidos agresivos) por uno de concientización. En lugar del gravamen, se anunciaron campañas sobre los riesgos de adicción y conductas violentas, alineadas con la Estrategia Nacional para la Paz.
Este giro institucional privilegia la prevención sobre la fiscalización de contenidos, en un intento por equilibrar política pública, libertad cultural y viabilidad técnica.
