La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la liquidación de CIBanco no representa riesgo alguno para la estabilidad del sistema financiero mexicano, y aclaró que no existen pruebas de operaciones ilícitas o lavado de dinero en esa institución ni en Intercam o Vector Casa de Bolsa.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a estas entidades financieras en una lista de sanciones sin ofrecer evidencia suficiente para sustentar las acusaciones, razón por la cual el Gobierno de México no acompañó esa decisión.
“No fue acompañada (la medida) por nosotros porque no teníamos prueba suficiente. No nos enviaron documentación ni elementos que acreditaran las acusaciones”, puntualizó Sheinbaum.
La presidenta informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizó revisiones exhaustivas en las tres instituciones y sólo halló irregularidades administrativas menores, sin indicios de lavado de dinero o financiamiento ilícito.
Ante la posibilidad de una salida de capitales o afectaciones a los cuentahabientes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intervino CIBanco con el objetivo de proteger los depósitos y mantener la confianza en el sistema bancario nacional.
“Las decisiones se tomaron con criterios técnicos, para garantizar la estabilidad del sistema financiero y la seguridad de los ahorradores”, explicó la mandataria.
El pasado 13 de octubre, la CNBV publicó en el Diario Oficial de la Federación el Oficio de Revocación de Autorización para que CIBanco opere como institución de banca múltiple, luego de que sus propios accionistas solicitaran su disolución voluntaria el 8 de octubre.
De acuerdo con la autoridad reguladora, el 99.4% de los 32,656 clientes del banco recuperará la totalidad de sus ahorros, gracias al respaldo del Fondo de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Los pagos se están realizando por vía electrónica hacia cuentas en otros bancos, sin necesidad de acudir físicamente a las sucursales.
Con esta medida, el Gobierno federal busca preservar la confianza en el sistema financiero nacional y evitar cualquier impacto derivado de sanciones externas, subrayando que México cuenta con un sector bancario sólido y bien supervisado.
