La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que su gobierno intervenga en las decisiones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) relacionadas con la cancelación de autorizaciones como donatarias a organizaciones civiles, y afirmó que estos procesos obedecen exclusivamente a criterios técnicos y al cumplimiento de la normativa fiscal.
Al referirse al caso de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la mandataria sostuvo que no tuvo conocimiento previo de las resoluciones adoptadas por la autoridad tributaria. “Les voy a ser muy franca, no sabía, son evaluaciones estrictamente técnicas para hacer que al donar no se cobre impuesto”, declaró.
Decisión técnica del SAT
Sheinbaum enfatizó que el SAT actúa con base en análisis propios y en el marco de la ley, sin consultar este tipo de determinaciones con la Presidencia. “No es que el SAT me pregunte ‘oiga presidenta, ¿le quito a esta organización la posibilidad de no pagar impuestos?’ Es una decisión técnica del SAT, no es una decisión política del gobierno”, insistió.
La jefa del Ejecutivo federal subrayó que el funcionamiento del gobierno implica la división de responsabilidades entre distintas dependencias, por lo que no todas las decisiones pasan por la titular del Ejecutivo.
En ese contexto, indicó que incluso desconocía la magnitud de los casos revisados por la autoridad fiscal. “Yo ni siquiera sabía que son 300 o algo así”, comentó, al referirse al número de organizaciones que habrían sido evaluadas.
Para ilustrar la autonomía institucional, Sheinbaum comparó estas decisiones con los procesos del sistema de justicia penal. “¿Cómo voy a ordenar yo que se detenga un delincuente? Hay un procedimiento penal de investigación y una orden de aprehensión de un juez”, explicó, al remarcar que sería ilegal que la presidenta interviniera directamente en estos procesos.
La presidenta no decide todo, aseguró
La mandataria insistió en que su gobierno define lineamientos generales y da seguimiento a proyectos estratégicos, pero no interviene en decisiones técnicas ni en la aplicación cotidiana de la ley. “No acabaríamos nunca si la presidenta tuviera que decidir todo, hay un cumplimiento de la ley que corresponde a cada área”, afirmó.
Asimismo, recordó que existen mecanismos institucionales para sancionar posibles irregularidades de servidores públicos, a través de instancias como la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. “Si un servidor público cometió una irregularidad, se hace una auditoría y se sanciona”, apuntó.
Sobre el caso específico de las organizaciones civiles, Sheinbaum reiteró que la pérdida del carácter de donataria está vinculada al incumplimiento de disposiciones fiscales, como la recepción de recursos del extranjero. “No puede recibir donaciones, dinero, del extranjero, sea o es una norma”, explicó.
Finalmente, subrayó que estos criterios aplican de manera general y no están dirigidos a una organización en particular. “Es en general, no solamente a Mexicanos contra la Corrupción”, concluyó.
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