La Comisión Permanente del Congreso recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para crear la figura de “jueces sin rostro”.
La iniciativa con proyecto de decreto busca fortalecer la protección a personas juzgadoras frente a amenazas y agresiones del crimen organizado.
La propuesta tiene el propósito de garantizar que el ejercicio judicial se realice con independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y ética.
Seguridad de “identidad”
Señala la necesidad de implementar medidas que preserven la seguridad de “identidad” de quienes imparten justicia, especialmente en casos relacionados con delincuencia organizada.
El resguardo de la identidad de las personas juzgadoras debe estar sometido a revisión periódica y oficiosa por parte del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación.
Esa revisión periódica se requiere hacer a través de la Unidad Especializada que establezca al efecto, de tal forma que no se prolongue la medida.
Protección de juzgadores
La iniciativa contempla la adición del artículo 34 Bis a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, dentro del capítulo “De la protección de las personas”.
Además, la inclusión de los artículos 22 Bis y 22 Ter en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Lee: “Jueces sin rostro”, nueva figura en la reforma al Poder Judicial
Estos artículos definen los mecanismos y criterios objetivos para solicitar medidas de resguardo, las cuales podrán ser requeridas por el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación.
Criterios establecidos
Entre los criterios establecidos se consideran:
- Indicios de participación de las personas procesadas.
- Capacidad real del grupo delictivo para causar daño.
- Gravedad del delito y pena asociada.
- Existencia de amenazas o agresiones previas.
- Otras circunstancias específicas del caso.
- Ataques a personal judicial
La organización México Evalúa documentó en el informe Los ataques a la integridad del personal judicial en México (2024) que el 22% de las personas juzgadoras recibieron amenazas de lesiones.
También menciona que el 12% de los juzgadores fueron amenazados de homicidio y un 11% fueron víctima de extorsiones o acciones en contra de familiares.
Con estas reformas, la presidenta Sheinbaum busca dotar de certeza, coherencia y sistematicidad a las medidas de protección.
Esas medidas van en concordancia con lo establecido en el artículo 20, apartado A, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
