Sin elecciones, Durango ya tiene a sus 49 nuevos integrantes del Poder Judicial
Un Poder Judicial manchado por el narco
Antes de que se lleve a cabo la jornada electoral judicial del 1 de junio, en Durango ya están definidos los 49 nuevos integrantes del Poder Judicial local, todos ellos candidatos únicos, seleccionados por los tres poderes del estado. Por eso es que diversos actores políticos, empresariales y judiciales califican como una simulación electoral el proceso, que costará hasta 125 millones de pesos del erario. Mientras tanto, el narcotráfico, a sus anchas, opera con impunidad, influyendo incluso en decisiones judiciales, según denuncias ciudadanas y múltiples testimonios. Todo esto ocurre mientras discurso oficial presume que en la entidad reina la “paz”.
Elección sin competencia: 49 candidatos únicos a integrantes del Poder Judicial
Durango, un estado donde hay señalamientos de que integrantes del Poder Judicial responden a las órdenes de los líderes narcotraficantes Cabrera Sarabia, aún no celebra la elección judicial del próximo domingo 1 de junio y ya tiene ganadores en los 49 cargos del Poder Judicial local con candidatos «de unidad». 1.4 millones de duranguenses podrán salir a votar y participar en una “elección simulada” que costará hasta 125 millones de pesos.
Para lograrlo, los tres poderes del estado se constituyeron en grandes «electores» y eligieron a candidatos «de unidad». También está decidida la conformación de su Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Todos aparecen en las boletas como candidatos únicos.
Los candidatos «de unidad», en su mayoría funcionarios en activo del Tribunal de Justicia de Durango, fueron seleccionados por unanimidad por los tres poderes estatales: el Ejecutivo, a cargo del gobernador Esteban Villegas, del PRI; el Congreso del estado, que preside la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, también del tricolor; y el Poder Judicial de Durango, representado por el magistrado presidente, Ángel Gerardo Bonilla Saucedo, quien es el virtual integrante del nuevo Tribunal de Disciplina.
«La elección se tiene que llevar a cabo porque es un mandato constitucional», dijo en marzo pasado el consejero presidente del Instituto Electoral de Durango, Roberto Herrera, al ser cuestionado sobre lo innecesario de este proceso si ya se cuenta con los 49 “candidatos únicos” que habrán de ocupar los siguientes cargos:
- 8 magistradas y 7 magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
- 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
- 1 magistrada (o) del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes.
- 28 juezas y jueces (14 hombres y 14 mujeres).
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¿Cómo se llegó a los “candidatos únicos”?
Como en el esquema federal, en Durango se instalaron comités de evaluación por cada uno de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales remitieron los listados de las personas elegibles al Congreso del Estado para su aprobación y envío al Instituto Electoral de Durango (IEPC) para su inclusión en las boletas.
Los respectivos plenos actuaron de forma sincronizada para emitir las listas de candidatos para igual número de cargos y, sin consignar los requisitos que no se cumplieron, eliminaron a nueve aspirantes a magistrados, cuatro integrantes del TDJ y 22 aspirantes a jueces que habían sido dictaminados una semana antes como elegibles por el congreso estatal.
La lista con el número exacto de candidatos para los mismos cargos a elegir fue validada y votada por el pleno del Congreso el 21 de febrero con el voto unánime de los diputados locales de todos los partidos: PRI, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano.
Ese mismo día, el TSJ de Durango avaló por unanimidad la totalidad de las postulaciones. Sin dar razones, sólo consignó que 21 aspirantes a magistrados y 28 a jueces no reunieron los votos del pleno.
La elección de los integrantes del Poder Judicial de Durango, “simulación de democracia”: Reyes Mondragón
Mauricio Holguín, vicepresidente de la Concanaco Durango, considera que la elección judicial local «será una simulación muy cara», pues no sólo está «predefinida», sino que no habrá competencia real entre candidatos, como establece la Reforma Judicial.
«Es algo que es sumamente complicado, el hecho de ver solamente 49 nombres en 49 puestos y evidentemente si esto se da de esta manera sería una simulación y una simulación muy cara no nada más para Durango, sino a nivel nacional», afirma.
Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, afirmó contundente el pasado 11 de abril en su cuenta de X:
«Es esencial garantizar un proceso electoral auténtico y democrático, donde la pluralidad de opciones sea la norma y no la excepción. No abordar estas irregularidades es contribuir a una simulación de democracia».
En diciembre de 2024, el Congreso local autorizó al Instituto Electoral de Durango un presupuesto de 440.5 millones de pesos, de los cuales 25.5 millones corresponden exclusivamente a la elección judicial local. Sin embargo, el 21 de febrero pasado, el organismo electoral local solicitó una ampliación presupuestal de 125 millones de pesos para cubrir los gastos del proceso.
🚨 La elección de magistrados no puede ser un mero trámite administrativo. La existencia de candidatos únicos en la elección en Durango desvirtúa el principio de competencia y limita el ejercicio efectivo del derecho al voto.
Es esencial garantizar un proceso electoral…
— Reyes Rodríguez Mondragón (@ReyesRdzM) April 11, 2025
Presume la paz… pero es la pax narca
En agosto de 2022, la diputada federal Yolanda de la Torre, del PRI, impulsora de la reforma que prolongó la actuación del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028, fue recompensada con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Durango.
En entrevista con esta reportera, justificó su iniciativa y presumió la «paz» en el estado:
«La Guardia Nacional avanza con mucha lentitud. En Durango estamos calmados, pero tuvimos una época terrible en 2010. En tres años y medio no ha podido avanzar; en un año y unos meses no lo van a hacer. Tenemos una Guardia Nacional que ha tenido un proceso difícil y sólo lograron recuperar 50% de la plantilla de la Policía Federal».
Cuando se le cuestionó por los programas retirados como Fortaseg y Fortamun, respondió que los ha defendido. La reportera le señala que la GN está integrada por militares y marinos, que no han dado resultados y que han cometido violaciones a derechos humanos.
«Por eso le pedí al secretario (…) no sólo capacitación, sino un proyecto de vida para los policías estatales y municipales. Esa es cuestión de derechos humanos».
—Eso no es parte de su iniciativa…
—Yo creo que fue buena la reunión. Lo vi receptivo.
La reportera insistió:
— Usted habla de paz, pero se le llama “paz narca”. El Cártel de Sinaloa impone precios a los ganaderos, amenaza abogados penalistas, decide quién litiga y quién no. ¿Qué responde?
— Eso es lo que la gente comenta —respondió—. Y eso es lo grave. El problema no es sólo federal. También es de cómo alcaldes y gobernadores lo asumen. No es un tema legislativo, sino operativo.
— Pero los recursos los asigna el gobierno federal…
— ¡Es un tema de gobierno! —gritó—. Tenemos que tener responsabilidad. No soy tan experta, sé lo que se dice de Durango. Esta política de “abrazos, no balazos” es un desastre. No estoy de acuerdo. La Guardia Nacional está lenta… pero ahí vamos.
Finalmente, se le planteó que ni la Guardia Nacional ni el Ejército protegen a los ganaderos. Se le recordó que las víctimas de la violencia se sienten abandonadas. De la Torre evadió dar respuestas concretas. El silencio estatal parece consolidar lo que muchos en Durango ya llaman abiertamente una pax narca institucionalizada.
