“La única forma de callarme es matándome”, lanza sin rodeos Alaín Pinzón, director de la asociación VIHve Libre, quien enfrenta una denuncia penal interpuesta por la Secretaría de Salud por supuestos daños a la propiedad pública cometidos durante una protesta en 2023.
En entrevista con la Agencia Mexicana de Información (AMEXI), el activista, defensor de los derechos de las personas que viven con VIH en México, no se esconde: “Ni con esta denuncia voy a dejar de exigir lo que nos corresponde: acceso universal a medicamentos y atención digna”.
El caso ha encendido alertas en la sociedad civil, en organizaciones defensoras de derechos humanos y en la comunidad médica. ¿Qué implica que un gobierno acuse penalmente a un activista que representa a una población históricamente marginada? ¿Qué mensaje se envía a quienes ejercen su derecho a la protesta?.
Hace unas semanas me fue notificada en mi domicilio una DENUNCIA PENAL, hecha por la @SSalud_mx en mi contra. Asumo completamente las consecuencias de protestar y exigir a las autoridades hagan su trabajo y en ese sentido hago tres preguntas al Secretario de salud en México… pic.twitter.com/ItNuvot6ai
— Alaín Pinzón (@Alainwho) April 28, 2025
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Una denuncia que busca silenciar
El 9 de junio, Pinzón deberá comparecer en el Reclusorio Oriente. La acusación se desprende de una manifestación realizada en 2023 frente a las oficinas de la Secretaría de Salud.
Explica que dicha protesta fue motivada por tres demandas urgentes: terminar con el desabasto de antirretrovirales, garantizar el acceso universal sin restricciones y detener el hostigamiento institucional.
“No puedes condicionar la atención médica a un documento de no derechohabiencia. El derecho a la salud es universal, no importa si estás afiliado o no. Pero en México, antes de preguntarte cómo estás, te preguntan si tienes seguro. Y si no lo tienes, te niegan el servicio”, denuncia.
El activista aseguró que desde hace años existe una persecución institucional contra su organización y otras voces críticas, particularmente desde la dirección del CENSIDA, encabezada por Alethse de la Torre Rosas.
Ahora, con un nuevo secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, y una nueva administración en ese organismo, la crítica ha dejado de ser tolerada.
Abrir el debate a los problemas de fondo en VIH en México, es un trabajo pendiente de las autoridades de salud en México.
Aquí las firmas de líderes comunitarios y organizaciones de todo el país. Gracias por su respaldo🔺🔥🙌🏾 las respuestas son suyas @DKershenobich https://t.co/Vs5swaPHNR— Alaín Pinzón (@Alainwho) May 1, 2025
Ni la cárcel lo va a detener
“Si me quieren meter a la cárcel, adelante. Pero yo no me voy a esconder. Estoy dando la cara”, afirma Pinzón, quien ha recibido muestras de apoyo desde múltiples frentes: organizaciones, colectivos, defensores de derechos humanos y médicos especialistas en VIH que firmaron una carta pública dirigida al secretario de Salud, Kershenobich Stalnikowitz, pidiendo un alto a la criminalización y exigiendo un diálogo real.
Sin embargo, hasta la fecha, ni la Secretaría ni el CENSIDA se han acercado al activista. “¿Cuál es la prioridad del gobierno? ¿Arreglar el sistema de salud o perseguir a quien lo denuncia?”, cuestiona.
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Una crisis de salud en expansión
Lejos de centrarse únicamente en su situación personal, Pinzón subraya los efectos devastadores del desabasto y la negligencia en el sistema de salud.
“Tenemos personas diagnosticadas tardíamente con enfermedades definitorias de sida, con sarcoma de Kaposi, cáncer anal, tuberculosis… personas que requieren hospitalización urgente porque no se les detectó ni trató a tiempo. Y esto está pasando hoy, en todo el país”.
Afirma que la crisis no es exclusiva del VIH. También hay pacientes con cáncer, diabetes, enfermedades raras o renales sin acceso a medicamentos.
“El desabasto mata. La ineficiencia institucional mata. Y lo peor es que todo esto ocurre mientras se criminaliza a quienes denuncian”.
¿Un castigo ejemplar?
La denuncia contra Alaín Pinzón sería la primera en América Latina en la que un gobierno presenta una demanda penal contra un activista VIH.
“Esto no es una coincidencia. Esto es un mensaje: si alzas la voz, vas a pagar. Si protestas, vas a ser castigado”, afirma.
A pesar de ello, el director de VIHve Libre asegura que no cesará en su labor. “Yo voy a seguir trabajando igual. La única forma de que deje de exigir los derechos de las personas con VIH es matándome. Porque ni con esta denuncia voy a parar”.
Sus abogados preparan ya la estrategia legal y están a la espera de revisar a fondo la carpeta de investigación. En cuanto la conozcan, Pinzón planea dar una conferencia de prensa para explicar públicamente cómo el gobierno está construyendo este caso en su contra.
Compartimos nuestro posicionamiento con respecto a la demanda penal dirigida a Alaín Pinzón. pic.twitter.com/WUl1hl71sP
— Inspira Cambio A.C. (@InspiraCambioAC) April 29, 2025
La salud pública como campo de batalla
Además del proceso legal, el activista hace una radiografía crítica del sistema de salud mexicano en relación con el VIH.
“Desde 2019, con la homologación de esquemas de tratamiento, todo comenzó a derrumbarse. Las decisiones se centralizaron, se eliminó el trabajo comunitario y se cerraron los espacios de diálogo”.
Hoy, no solo hay escasez de medicamentos, sino un incremento sostenido en nuevos casos de VIH, debido —según Pinzón— a tres factores: desinformación, falta de acceso a tratamiento y ausencia total de políticas públicas eficaces.
“El gobierno ha optado por la negligencia como política pública. Lo único que ofrece es silencio. Y ahora, además, persecución”.
Un país democrático no criminaliza la protesta
Por último, Alaín Pinzón lanza un mensaje claro: “Esto no es solo contra mí. Esto es un intento por inhibir el activismo, por mandar un mensaje a todas las personas defensoras de derechos humanos: si exigen, serán castigadas. Y eso es gravísimo en un país que se dice democrático”.
Insiste en que el gobierno debe responder tres preguntas fundamentales antes de hablar de justicia:
- ¿Ya se solucionó el desabasto de medicamentos antirretrovirales?
- ¿Ya hay recetas surtidas en todo el país?
- ¿Ya se garantiza el acceso universal a tratamiento sin condición alguna?
“Si la respuesta es no, entonces la denuncia contra mí no tiene justificación. Lo único que hace es confirmar que la prioridad del gobierno es callar, no sanar”, concluyó.
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