Estudiantes universitarios de la licenciatura de Derecho advirtieron que la reforma judicial no busca erradicar los problemas del Poder Judicial, sino subordinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Poder Ejecutivo.
En la mesa de diálogo titulada «Dilemas de la elección popular de personas juzgadoras», organizada por la SCJN, los participantes coincidieron en que la reforma contraviene los principios de la democratización del Poder Judicial Federal. En su opinión, los jueces estarían sujetos a la voluntad popular, en lugar de estar basados en la Constitución.
Subordinar la SCJN al Poder Ejecutivo
pone en peligro la Independencia judicial
María Solange Estrada, de la Escuela Libre de Derecho, explicó que la democratización del Poder Judicial debe ir de la mano con el acceso a la justicia. “La reforma judicial no tiene la intención de resolver los problemas del Poder Judicial, sino de someterlo. Se busca una sumisión de la Suprema Corte al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo«, opinó.
Isabel Moreno, de la Facultad de Derecho de la UNAM, expresó que la elección popular de los jueces no garantiza mayor democracia. “Cuando se eligen jueces, magistrados y ministros basados en la popularidad, no obtendremos jueces independientes. Éstos responderán más a intereses políticos que a un razonamiento legal”, argumentó. Agregó que, de ser así, perderían el carácter de independencia que debería prevalecer en el Poder Judicial.
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Los riesgos de la elección popular de jueces
Bárbara Reboreda, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que no existe evidencia que sugiera que la elección popular de jueces resolverá los problemas del Poder Judicial ni lo democratizará. Ejemplificó que en Bolivia, donde los jueces se eligen por voto popular, los comicios son tan limitados que un juez puede ser elegido por solo cien mil votos, lo que demuestra la escasa participación de la población.
Reboreda también mencionó los problemas asociados con la elección de jueces, como el financiamiento ilícito de las campañas de esos candidatos, financiamiento que podría provenir de partidos políticos, del sector privado e incluso del crimen organizado.
Armando Torres, de la Escuela Justo Sierra, lamentó que la reforma judicial que la coalición legislativa de Morena impuso en el Congreso se enfoque en que los jueces sean más carismáticos y populares, en lugar de priorizar el que tengan una carrera judicial sólida, así como mayor experiencia en conocimientos jurídicos.
