Ciudad de México, 12 jul. (AMEXI).- La creación de un Tribunal de Disciplina en el Poder Judicial de la Federación (PJF), será inquisitorio contra los jueces y magistradas por un mal diagnóstico en órgano judicial, incluida la reforma presentada por el Ejecutivo, consideró Mónica López Benítez, Magistrada Consejera de la Judicatura Federal.
«La creación de un Tribunal de disciplina no cambiaría esta obligación por ende este órgano no debe revisar el criterio jurisdiccional, pues existe todo un sistema con instancias y mecanismos de impugnación», afirmó la magistrada, al participar en el quinto foro de la reforma al Poder Judicial en el estado de Veracruz,
Pretender lo contrario, añadió López Benítez, constituiría al Tribunal de disciplina en un órgano inquisitorio y de persecución, «que atente contra los principios constitucionales y tratados internacionales, que establecen la obligación de los Estados de garantizar la independencia judicial».
La magistrada alertó sobre la forma de realizar las evaluaciones a pesar de la existencia de controles qué ya se realizan por el Poder Judicial. «Lo más preocupante es que la iniciativa pretende que el Tribunal de Disciplina revise si los juzgadores se excedieron en el ejercicio de la función jurisdiccional».
«No atendieron el interés público o por la percepción de que sus resoluciones invaden competencias del Ejecutivo y legislativo. Las personas juzgadoras estamos obligadas a resolver con fundamento en el marco constitucional legal y convencional», explicó.
Se carece, agregó, de un diagnóstico adecuado y soporte estadístico pertinente, ya que en la mayoría de los casos se debe tomar en cuenta la complejidad de los asuntos, su volumen y el incremento de litigios, que «generan una exorbitante carga de trabajo que solo podrá abatirse con recursos presupuestales suficientes para instalar más juzgados y tribunales y contar con personal capacitado», indicó.
La Consejera explicó que la reforma también elige al Tribunal de Disciplina como órgano terminal, lo cual vulnera el derecho a un recurso efectivo y deja en estado de indefensión a las y los servidores públicos judiciales, principalmente por la «elección de sus integrantes por voto popular al ser inevitable general consignas y compromisos que restarán objetividad al investigar y sancionar».
