Ciudad de México, 31 jul. (AMEXI).- ¿Para que propuso el presidente López Obrador crear un Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)? De acuerdo con especialistas de la UNAM, sólo busca introducirse en la disciplina judicial con decisiones hechas por grupos de interés.
Al continuar los trabajos de los Foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia, organizados por la UNAM, los expertos comentaron sobre su viabilidad, su operación y sus atribuciones, toda vez que investigaría o sancionaría los actos contrarios a la ley cometidos por ministros, magistrados o jueces.
Édgar Corzo Sosa, profesor de la Facultad de Derecho (FD), aseguró que la iniciativa cuestiona lo hecho hasta ahora respecto al comportamiento de cinco mil jueces, y agregó que la propuesta busca implementar otro modelo que afecta la independencia del Poder Judicial.
Agregó que en la propuesta están metidos los tres poderes para analizar a uno. El Ejecutivo y el Legislativo participan en un asunto del Judicial; «se necesita un equilibrio», dijo.
Modelo para la obediencia
En el segundo día de trabajos, Aragón Carla Huerta Ochoa, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), externó que la iniciativa no preserva la independencia del Poder Judicial y el modelo de disciplina que propone implica obediencia.
La designación de los encargados dejaría en segundo plano el profesionalismo, la eficiencia y la ética de los jueces, además de que no contarían con facultades normativas y afectaría la cultura jurídica, añadió.
Según el profesor de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, Miguel Mejía Sánchez, la propuesta dice pretender la eliminación de la corrupción con un sistema condenatorio del Poder Judicial, así como sancionar a quienes no cumplan con honestidad y eficiencia.
“El inconveniente es que la elección popular de los jueces vulnera la capacidad técnica y la independencia del Poder Judicial”.
Otro paradigma
A su vez, el académico Víctor Hugo Rodríguez Montiel estimó que la propuesta implica un cambio de paradigma, ante el cual sugirió hacer un análisis crítico y constructivo para lograr la transformación.
“Esta reforma está encaminada a la persecución política y vulnera el derecho a la justicia expedita”, advirtió.
Camilo Saavedra Herrera, investigador del IIJ, dijo por su parte que aprobar el TDJ lo convertiría en “un tribunal de tribunales, además de que se privilegiaría la politización y se permitiría una concentración excesiva de atribuciones».
Detalló que «a nivel nacional hay cinco mil jueces con más de dos millones de asuntos”, por lo que el acceso a la justicia es el principal reto que debe atacarse”.
Lo popular
Karolina Monika Gilas, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, expuso que las democracias no eligen a sus jueces, ni una en el mundo.
“Estados Unidos lo hace a nivel estatal, y el único caso a nivel federal es Bolivia; además, la designación por voto popular no garantiza la mejor impartición de justicia”.
“Lo que ocurrirá es que los jueces desviarán sus ‘lealtades’ hacia lo que creen que será popular, los recursos serán más importantes que el conocimiento especializado.”
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Sergio Ricardo Márquez Rábago, profesor de la FD, dijo en su oportunidad que “la idea del tribunal no es novedosa, pero la procedencia y la materia no es nada clara, pareciera una nueva instancia de control, un tribunal de tribunales”.
Finalmente Arturo Baca Contreras, académico de la FES Acatlán, indicó que el TDJ podría investigar a los jueces por el sentido de sus sentencias, lo que choca con los estándares internacionales.
«Los castigarían por sus decisiones y no por su comportamiento. No debe velarse por el interés público, sino por los derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales”.
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Foto cortesía de la UNAM.
