El vicealmirante del Estado Mayor Manuel Roberto Farías Laguna, interno en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, denunció presuntas violaciones al debido proceso en el procedimiento penal que enfrenta y solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al acusar a la Secretaría de Marina (Semar) de incumplir resoluciones judiciales y negar información indispensable para su defensa.
Denuncia de bloqueo informativo
En una carta fechada en febrero de 2026, el exmando naval expuso que, pese a las órdenes emitidas por una jueza los días 10 de noviembre de 2025 y 22 de enero de 2026, la Marina ha mantenido su negativa a entregar la documentación requerida argumentando razones de “seguridad nacional”.
“Se sigue vulnerando mi proceso judicial por parte de Marina, al continuar negando la información”, escribió textualmente.
Farías Laguna aseguró que la información solicitada es clave para acreditar su inocencia, al sostener que fue vinculado a proceso sin pruebas suficientes. “Sin pruebas de circunstancia, tiempo, modo y lugar, se me tuvo a bien vincular a proceso”, señaló en la misiva dirigida a la titular del Ejecutivo federal.
A menos de un mes de que concluya la investigación complementaria, el vicealmirante Farías Laguna advirtió que la reserva de información bajo el argumento de seguridad nacional “carece de sustento legal” y contraviene resoluciones expresas del Poder Judicial. “Argumento completamente fuera de la ley y soslayando a la autoridad judicial”, afirmó.
Violación al derecho de defensa
El militar en retiro sostuvo que esta conducta vulnera su derecho a una defensa adecuada y constituye una violación a los derechos humanos, al colocar —dijo— a una autoridad administrativa por encima de la ley. “Se me está privando de la información necesaria para, frente a un juez, demostrar mi inocencia”, subrayó, añadiendo que el caso involucra la privación de la libertad de más de 10 personas.
En el documento, Farías Laguna recordó sus más de 33 años de servicio ininterrumpido en la Armada de México y afirmó haberse conducido siempre con apego a la legalidad. “Siempre respetuoso de la ley y del deber ser”, escribió al pedir que se revisen las “inconsistencias e imprecisiones” que, asegura, rodean su proceso. Señaló además que recurrió directamente a la presidenta ante la falta de respuesta a los oficios dirigidos al alto mando naval. “Le ruego su atención a este caso”, concluyó.
La defensa legal, a cargo del despacho Mendieta & Asociados, informó que la documentación que sustenta las denuncias ya obra en el expediente judicial y en poder de la representación legal, reiterando el llamado a que se cumplan las resoluciones judiciales para garantizar el debido proceso y el respeto al estado de derecho.
La Marina niega irregularidades
En respuesta a estos señalamientos, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, rechazó cualquier irregularidad y aseguró que la institución ha colaborado plenamente con las autoridades.
“Este caso está en manos de la Fiscalía. Nosotros estamos colaborando con todo lo que nos piden y se está cumpliendo con todos los procedimientos”, afirmó.
Morales Ángeles explicó que el origen del reclamo se relaciona con la baja otorgada a elementos de la institución, determinada —dijo— por el incumplimiento de obligaciones.
“La baja es porque no cumplen con sus obligaciones en la Marina, así lo marca nuestra legislación y estamos cumpliendo con todos los procedimientos”, sostuvo, señalando que los imputados aún cuentan con recursos legales para inconformarse ante las instancias correspondientes.
Ante los señalamientos sobre la supuesta negativa de información por razones de seguridad nacional, el secretario lo negó y precisó que la carpeta de investigación está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).
“La carpeta de investigación la tiene la Fiscalía y es la Fiscalía la que presenta ante el juez las pruebas de los hechos”, dijo el funcionario.
Añadió que la Marina ha entregado la información solicitada conforme a la ley: “De no hacerlo estaríamos en desacato. Cuando los jueces ordenan cierta suspensión de algunos hechos, los acatamos como marca la ley”.
La postura del Ejecutivo
Por su parte, la presidenta Sheinbaum aclaró que corresponde exclusivamente a la FGR integrar y conducir las investigaciones derivadas de denuncias presentadas por la Marina.
“La Fiscalía General de la República es la que pide información, valora las pruebas y, en su caso, solicita órdenes de aprehensión ante un juez”, señaló.
La mandataria explicó que la Marina presentó la denuncia con los elementos de los que disponía y que, a partir de ese momento, el procedimiento queda en manos de la autoridad ministerial.
“La Fiscalía tiene que garantizar que hay pruebas suficientes y después de eso viene un juez que revise que, en efecto, las pruebas son suficientes”, puntualizó.
Sheinbaum insistió en que es importante que la ciudadanía tenga claridad sobre el procedimiento legal y reiteró que la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía, mientras el vicealmirante Farías Laguna mantiene su exigencia de que se cumplan las resoluciones judiciales y se revise su caso ante lo que considera una vulneración sistemática a su derecho al debido proceso.
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