Un juez federal vinculó a proceso a 10 integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), incluido el vicealmirante Emanuel Roberto “N”, por su presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos, en lo que autoridades han denominado como el caso de huachicol fiscal.
La audiencia, celebrada en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, se extendió por más de 18 horas.
Al término, el juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar proceso penal contra los imputados, quienes permanecerán en prisión preventiva justificada durante los seis meses que durará la investigación complementaria.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados habrían facilitado el ingreso a territorio nacional de millones de litros de diésel, disfrazados como aditivos, mediante la simulación de revisiones en buquetanques y el uso de documentación falsa.
La operación habría involucrado al menos 32 embarcaciones entre 2024 y 2025, generando un daño económico significativo al Estado mexicano.
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El papel de Emanuel Roberto “N”
Entre los implicados figuran altos mandos y personal operativo de la Semar, así como funcionarios aduanales. El vicealmirante Emanuel Roberto “N”, señalado como uno de los líderes de la estructura, habría autorizado perfiles clave para operar en aduanas estratégicas.
Otros detenidos, como Climaco “N” y Humberto “N”, también habrían desempeñado funciones de dirección, mientras que el resto enfrentan cargos por omisiones en inspecciones y entrega de muestras manipuladas.
La investigación se fortaleció con testimonios de testigos protegidos y documentos atribuidos a Rubén Guerrero Alcántara, asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, presuntamente por denunciar estas irregularidades.
El caso ha sacudido a las Fuerzas Armadas, al evidenciar presuntos vínculos entre personal activo e inactivo con redes de corrupción y contrabando.
Marina deslinda al exsecretario José Rafael Ojeda Durán
La Marina, por su parte, ha reiterado su política de “cero tolerancia” y ha deslindado al exsecretario José Rafael Ojeda Durán, familiar del vicealmirante procesado, de cualquier participación en los hechos.
Este proceso judicial se suma a una serie de acciones emprendidas por el gobierno federal para combatir el robo de combustible y la corrupción institucional, en un contexto donde se han solicitado más de 200 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.
