Las reformas laborales al artículo 123 de la Constitución en 2017 y a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 2019, además de ser las más trascendentes desde 1917, son el inicio de un largo camino en el que se escribirán los términos de las relaciones laborales para el futuro.
Son las más trascendentes porque abordan el tema de la democracia sindical como derecho de cada uno de los trabajadores en su expresión colectiva y ponen distancia de un derecho de las representaciones colectivas, porque crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCyRL), con la finalidad de limitar, entre otros, a los gobiernos locales en su injerencia en la solución de los conflictos en los que tienen intereses personales; porque fue la primera reforma en la que se dieron cambios, tomando en cuenta la existencia de la mujer trabajadora; porque se liquidaron las ineficientes Juntas de Conciliación y Arbitraje que registran prolongación de juicios hasta por 10 años; porque poner fin a una farsa de solución de los conflictos laborales (la conciliación y el arbitraje tripartito), en la que es el azar más que la justicia laboral, y crearon los juzgados de lo laboral y actualizaron y establecieron el procedimiento oral para resolver la conflictividad laboral.
Lo anterior sabíamos que eran los grandes temas a revisar, pero tenemos que aceptar que de manera generalizada no pensamos que, en cascada, traerían otras reformas que ya se empezaron a dar y que, sin que veamos el fin, nos percatamos que vendrán a trasformar el marco normativo del trabajo, adecuándolo a inicios del milenio.
Los cambios vienen en cascada y con fluidez y así vivimos en 2019, que a propósito de que se discutiera la pluralidad sindical en el apartado A del artículo 123, se acordó también el tema para los trabajadores del apartado B del 123, tema que desde 1960 había sido establecido, en cada dependencia de Estado, sólo podía existir un solo sindicato.
No es la única consecuencia que vimos y vivimos de estas reformas de finales de la segunda década de este siglo con “motor propio integrado”. Pocos meses después se abordó la subcontratación, tema en el que Felipe Calderón, por reformas de 2002, desmanteló la estabilidad en el empleo y otorgó privilegios empresariales en materia de reparto de utilidades, con posterioridad, en un escenario agudizado por el covid, se dio paso a las primeras reformas en materia de teletrabajo, se llevó al debate el tema del periodo vacacional, tema en el que nuestro país se encuentra muy retrasado en relación con otros del mundo occidental, se otorgó facultades sancionadoras al CFCyRL, mismas que no entraron en el registro de creación y que de las primeras experiencias en el ejercicio de sus funciones, se vio necesario que debía tenerlas con la finalidad de que sus resoluciones sean efectivas.
Lo anterior estimamos que es suficiente para apreciar que las reformas 2017/2019 eran la puerta de entrada a una radical transformación del marco regulatorio del trabajo en México, pero la historia no termina aquí. Se preparan interesantes propuestas en materia de inspección en el trabajo, con la finalidad de terminar con la simulación en las relaciones laborales y desde el CFCyRL y la Secretaría del Trabajo se trabaja en protocolos, formularios, instructivos y otros documentos que garanticen que los derechos humanos de asociación y contratación colectiva sean una realidad en manos de los trabajadores y desactiven de manera definitiva la existencia de los “líderes históricos”, que por la transparencia de la legitimación nos enteramos representan poco más de 15 mil contratos colectivos de cerca de 30 mil sindicatos, es decir, un 2 % de la población económicamente activa ocupada en el sector formal.
Panorama dramático que nos lleva a concluir que la mayoría de los trabajadores votan por abstenerse de militar en una organización sindical.
