Desde el inicio de las comparecencias con motivo de la Glosa del Primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, estas se han vuelto verdaderos mítines políticos a favor de la jefa del Ejecutivo, colocándola por lo alto en las encuestas, como una medida para que los escándalos en los que están envueltos varios distinguidos integrantes de la cúpula del partido Morena, el más significativo, el senador Adán Augusto López Hernández, no mermen la popularidad de la presidenta en esta errada y llamada Cuarta Transformación, ahora en su segundo piso; pero se trata de una popularidad y aprobación inflada.
El senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ofreció una conferencia de prensa en la que denunció que el gobierno morenista -para variar- echa mano cotidianamente (¡qué raro!) de prácticas de corrupción, manipulación de información y vínculos con el crimen organizado para mantener una imagen favorable ante la ciudadanía.
Para lograr este objetivo, el oficialismo se ha valido ni más ni menos que de la casa encuestadora Enkoll, a la que calificó como “brazo ejecutor de Morena”. Y es que dicha firma siempre ha estado ubicada “del lado correcto de la historia” con jugosos contratos, y en lo que fue la conocida carrera de las “corcholatas”, tanto las presidenciales como las del Gobierno de la Ciudad, entre otras, tuvo un papel protagónico trabajando de la mano ni más ni menos que de Andrés Manuel López Obrador.
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Según lo denunciado por Alito Moreno, Enkoll ha recibido contratos millonarios de diversas dependencias del gobierno federal, entre ellas Lotería Nacional, Secretaría de Salud, Comunicaciones, Fonatur, Semar, IMSS, Secretaría de Gobernación, Bancomex y Notimex, con el propósito de difundir encuestas y generar percepción de apoyo ciudadano, pero esto sólo en el papel y en las redes que operan los boots del morenismo, porque a decir de Moreno Cárdenas, no refleja la realidad política del país.
Un problema adicional es que los referidos contratos ascienden a un monto estimado de 25.6 millones de pesos, una cifra nada despreciable y que no puede menos que preguntarse de dónde surge en medio de tanta austeridad que caracteriza al partido Morena, especialmente a los integrantes de la cúpula.
Lee: ENKOLL, encuestadora favorita de Morena, obtiene contratos millonarios del gobierno federal
LEY DE AMPARO, TRIQUIÑUELAS Y MAROMAS
Con triquiñuelas, vía “fast-track”, como acostumbran los legisladores de Morena y sus rémoras, con el lío provocado por ellos mismos por la Ley de Amparo y la tan llevada y traída retroactividad que está ya en la Cámara de Diputados, dieron “madruguete” porque en la Gaceta Parlamentaria publicaron que se llevará a cabo un Parlamento abierto; más bien, el acostumbrado diálogo de sordos para analizar dicha Ley y “escuchar todas las voces”.
El problema es que durará solamente tres días, viernes, sábado y lunes, y el oficialismo ha tenido a buen recaudo obstaculizar a quienes quieran participar, con las consabidas fallas como que la inscripción -de 15 participantes por día- es en un sitio de Internet que no existe.
Lo anterior contrasta con lo dicho por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien se comprometió a analizar y modificar la Ley de Amparo con toda cautela y cuidado. ¿Entonces?
Se supone que las comisiones de Justicia y Hacienda dictaminarían el próximo lunes y entre el martes y miércoles subiría al Pleno para ser aprobada.
Con esta serie de “maromas”, porque provienen de los flamantes legisladores de Morena y rémoras, buscan desviar la atención de lo que trae en el fondo la Ley de Amparo que, como ya debería ser bien sabido, deja en total indefensión a la ciudadanía para utilizar este recurso, o como algún senador del PAN lo dijo, la consigna es “primero pagas y luego legislas”.
Afortunadamente, los empresarios que conforman el Centro Empresarial de la Ciudad de México (Coparmex CDMX) no repararon en manifestar su rechazo mediante un comunicado difundido por sus redes respecto a la Ley de Amparo, por lo que demandaron a las autoridades que se revise correctamente la nueva propuesta “para evitar dañar y retroceder la lucha por la defensa de los derechos humanos”.
Además, demandaron que se dé un diálogo democrático abierto en torno al tema y no un foro en el que al oficialismo le molesta cualquier opinión en contra y finalmente no retoman ninguna de las recomendaciones de los especialistas.
El diputado panista, Federico Döring, ubicó las cosas en su justa medida al señalar que el oficialismo pretende que el transitorio sea un distractor porque lo retirarán, pero todo lo demás, que sin duda maniata a la ciudadanía, desde luego que fomenta los abusos de autoridad.
Con cartas dirigidas a todos y cada uno de los diputados, el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, señaló que como está, el contenido de la Ley de Amparo representa un grave retroceso en materia de justicia constitucional y vulnera la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las empresas en México; “modificarla sin un análisis técnico, incluyente y responsable pone en riesgo su eficacia como herramienta de equilibrio entre la autoridad y la sociedad”.
