Luis Carlos Rodríguez
Cuando ocurre un fenómeno natural como un huracán, una tormenta tropical, el deslave un cerro, un sismo, con un saldo de muertes, heridos y destrucción, todo se le atribuye a la fuerza de la naturaleza y pocos reparan en la negligencia de autoridades que permiten la construcción en zonas de riesgo y de funcionarios sin preparación para prevenir los mismos.
Ejemplos en México hay muchos, para aventar expedientes que ahora están archivados. Los sismos de 1985 y 2017, los huracanes Gilberto en 1988 que inundó Monterrey y Otis en Acapulco, sólo por mencionar algunos, todos y cada uno con saldos de cientos de muertes.
El Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2024, elaborado por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), señala que en 2023 se registraron 196 mil desplazamientos internos por desastres en todo el país.
Es decir, en México al menos 196 mil personas huyeron de sus lugares de origen a causa de fenómenos naturales como el huracán Otis y otros, así como inundaciones, deslaves, lluvias torrenciales que derivan, casi por siempre por la negligencia y pasividad de los gobiernos, en tragedias.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la migración climática es el movimiento de una o más personas por razones de modificación súbita o progresiva en el medio ambiente debido al cambio climático. De esta forma, la población se ve obligada a abandonar su lugar de residencia, ya sea temporal o permanentemente, por supervivencia.
Un estudio publicado por el Mayors Migration Council, titulado “Climate Migration in Mexican and Central American Cities 2022”, arrojó que, de no contar con estrategias de planificación urbana y políticas ambientales, países como México podrían llegar a tener hasta ocho millones de migrantes climáticos trasladándose a la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara en 2050.
“Sumado a ello, el crecimiento urbano tiende a producirse en zonas periféricas que actualmente están desatendidas, no planificadas y en alto riesgo de sufrir estos impactos climáticos”, destaca una publicación de la OIM.
Al respecto, Úrsula Oswald Spring, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, insistió en que es necesario el ordenamiento territorial para proteger a la población ante el aumento de los eventos naturales extremos.
“Sólo en la Ciudad de México estamos hablando de alrededor de 52 millones de personas afectadas, donde los bosques de agua se han llenado de cemento y viviendas, abatiendo acuíferos y ríos”, comentó.
Como colofón a ese grave panorama en esta época de huracanes, más de 20 de los actuales secretarios o directores de protección civil en todo el país, no cuentan con la preparación para el cargo, son compadres del gobernador, son los cargos de “consolación o premio”, además no tienen atlas de riesgo actualizados.
Sin ir más lejos. Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, es licenciada en Historia del Arte. No, no es ingeniero, geógrafa, geóloga o arquitecta. Ya vimos sus resultados como el huracán Otis, en la mina el Pinabete, donde salió repudiada por las esposas de los mineros por el engaño que contaba diario en la mañanera, eso sí, con casco de rescatista. Tal Cual.
