En el debate sobre la reforma al Poder Judicial, que quiere imponer el presidente Andrés Manuel López Obrador, muchos son los sectores que ya se pronunciaron, pocos a los que la propia presidenta electa tomó en cuenta, pero el gran ausente en la discusión es el pueblo de México.
Tras la aplastante victoria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el 2 de junio pasado, el Diputado Ignacio Mier, Coordinador de Diputados de este Partido, declaró que con la mayoría absoluta que obtuvieron, aprobarían la Reforma al Poder Judicial el próximo mes de septiembre.
Inmediatamente los integrantes de las cámaras empresariales, los banqueros y los inversionistas extranjeros, respondieron con una caída súbita de la Bolsa Mexicana de Valores y la apreciación del dólar frente al peso mexicano, esto obligó a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, a decir que el Plan C, que incluye la Reforma al Poder Judicial no se aplicará a rajatabla.
Acciones para calmar a los mercados financieros
Con este cambio obligado en la actitud del grupo gobernante para calmar los ánimos del mercado, iniciaron las negociaciones con la derecha derrotada, pero con mucho poder económico en el país; así surgieron los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, en forma de 9 foros, organizados desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Norma Lucía Piña Hernández, la actual Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), personificando los intereses de la derecha y la ultraderecha, llega a estos “Diálogos” después de una ruta adelantada para defender de su coto de poder, con 14 foros realizados desde el 5 de febrero a la fecha, en los que supuestamente reunieron a más de 3 mil personas.
Debate entre dos fracciones de la burguesía en el país
De tal manera que el debate es básicamente entre dos fracciones de la burguesía en el país. Por un lado, la propuesta del actual gobierno centrada la elección, mediante voto popular de los jueces y magistrados previa selección del Presidente y legisladores, la disminución del presupuesto al poder judicial, entre otros aspectos.
La derecha se había concentrado en defender la estructura actual del Poder Judicial de la Federación caracterizada por la corrupción y los ofensivos sueldos de los ministros de la SCJN. Sin embargo, frente a la inminente reforma, las dos fuerzas están cediendo en sus respectivas posiciones, para construir una reforma “light” y gradual para los próximos años.
De ser cierto esto ¿Quién les dio facultades a unos y otros para negociar a nombre del pueblo, el curso de la reforma judicial? Lamentablemente las dos posturas que hoy se debaten surgieron desde arriba, es decir, desde las clases dominantes, una planteada por el Presidente y la otra por la ultraderecha aglutinada en la llamada marea rosa.
En lo fundamental se disputan el control del Poder Judicial, lo mismo que otras instituciones descentralizadas como el Instituto Nacional Electoral (INE). En esta disputa, está ausente una verdadera reforma para la democratización de estas instituciones, ni siquiera en el marco de la propia democracia burguesa.
Contradicción entre los grupos económicos y políticos
Lo que está ante nuestra vista entorno a la reforma al poder judicial es una contradicción entre dos grupos del poder económico y político, es decir: son contradicciones interburguesas, que discuten cómo mejorar el aparato estatal para someter al pueblo, aun cuando citen a voto popular.
En estas contradicciones están ausentes los intereses y las aspiraciones de cambio de la clase obrera y el pueblo mexicano; ni en los foros derechistas de Norma Piña, ni en los “Diálogos” convocados por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se escucha la voz del pueblo, una vez más, al pueblo sólo lo convocarán para legitimar sus decisiones impuestas desde arriba.
Como hemos afirmado en esta columna, el problema de fondo, es el cimiento del sistema político mexicano, y para cambiarlo, se requiere desmontar todo el andamiaje jurídico institucional y eso no se logrará con pequeños maquillajes como finalmente resultará la reforma judicial que se discute.
El cambio real será resultado de una verdadera revolución que encabece la clase obrera, que aglutine a los pueblos originarios, los campesinos pobres, es decir, las mayorías que convoquen a una Nueva Constituyente que discuta una Nueva Constitución para arrancar de raíz el podrido sistema político mexicano actual; sólo así podemos abrirnos nuevos senderos de nuestra lucha de clases.
