La controvertida reforma al poder judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada por la Cámara de Diputados y que muy probablemente se ratificará en el Senado de la República en los próximos días, es una reforma política enfocada principalmente en el nombramiento y la conformación del poder judicial.
Esta reforma deriva de una disputa por control político del poder judicial, donde el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) busca desplazar a la oposición de ultraderecha que aún mantiene el control mayoritario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Sistema de Justicia Intacto
El sistema de justicia es mucho más que el aparato del poder judicial, que es apenas un cascarón que cubre a los jueces y magistrados encargados de calificar los hechos delictivos y dictar sentencias, conocido como impartición de justicia.
Otra parte esencial es el proceso denominado procuración de justicia, que está en manos de las fiscalías o ministerios públicos. Ellos son los que inician una carpeta de investigación, reciben a un detenido, reúnen las pruebas y según la ley, “representan a la sociedad” ante el poder judicial para asegurar que se haga justicia.
El complejo sistema de justicia también incluye la política de prevención del delito, el sistema de seguridad ciudadana, el sistema carcelario o de reinserción social, la defensoría pública y las comisiones de derechos humanos.
La reforma al poder judicial impuesta por la autodenominada Cuarta Transformación también mantiene intactas las leyes sobre los procedimientos judiciales, los principios fundamentales del derecho, las obligaciones, las conductas sancionables y las penalidades que se aplican en México.
La Oposición a la Reforma Judicial
Desde el momento en que se conoció la propuesta de reforma judicial, los dirigentes del ultraderechista Partido Acción Nacional (PAN), junto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD), fueron los primeros en oponerse a esta reforma.
Las asociaciones de banqueros, las cámaras empresariales, que al día siguiente de las elecciones del 2 de junio, provocaron artificialmente una fuerte caída de la Bolsa Mexicana de Valores y del valor del peso mexicano, fueron los segundos en oponerse a la reforma judicial.
En los últimos días, los inversionistas extranjeros y las empresas calificadoras de riesgo presionaron a México, argumentando que la aprobación de la reforma judicial reducirá la expectativa de crecimiento económico y ahuyentará las inversiones extranjeras.
A estas voces se sumó el gobierno de Joe Biden a través del embajador Ken Salazar, interviniendo abiertamente en los asuntos internos del país.
El Sistema de Justicia en México Requiere un Cambio de Fondo
Esto deja claro que la reforma judicial del presidente López Obrador no propone ningún cambio real en el sistema de justicia, y la oposición de derecha defiende un sistema corrupto que mantiene la justicia al servicio de los grandes ricos y privilegiados de México.
Un verdadero cambio en el sistema de justicia en favor del pueblo mexicano debe desmontar el aparato estatal corrompido y reemplazarlo con una nueva institucionalidad que considere la revocabilidad de los funcionarios públicos en todo momento.
Justicia Transicional y Restaurativa
Es necesario un cambio radical en toda la legislación vigente, que ponga en el centro la construcción de un nuevo orden económico, social y político. Que garantice la justicia social, los derechos humanos, la reparación del daño y la no repetición. Esto implica la implementación de una justicia transicional y restaurativa.
Un paso real hacia la justicia debería incluir la liberación inmediata de los presos políticos, el castigo de los delitos de lesa humanidad cometidos contra el pueblo mexicano en casos como Nochixtlán, Tlatlaya y Arantepacua.
Así mismo, debe llevar a juicio a los expresidentes y el desmantelamiento del aparato criminal del ejército mexicano.
Ejemplos de Sistema de Justicia Popular
En México, existen ejemplos de justicia popular como el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria – Policía Comunitaria de Guerrero y el sistema de justicia autónoma zapatista en Chiapas. Estos sistemas demuestran que desde los pueblos se construyen propuestas que deben recuperarse para una verdadera reforma judicial.
Todo esto solo puede surgir de una nueva constitución, que a su vez requerirá la convocatoria de un nuevo constituyente, resultado del proceso de lucha de los trabajadores del campo y la ciudad.
La lucha por la justicia es también uno de los senderos de nuestra lucha de clases.
