Estamos tan habituados a la ausencia de resultados estructurales en materia de seguridad que, cuando ocurre un operativo de alto impacto, tendemos a celebrarlo como éxito, aunque sea un fracaso. Pero un análisis estratégico exige otra pregunta: ¿se cumplió el objetivo declarado y se fortaleció al Estado, o solo se produjo un golpe espectacular con efectos contraproducentes?
El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue presentado como un hito en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, si se examinan los resultados frente a los objetivos públicos y los efectos inmediatos, el saldo permite afirmar que se trató de un fracaso estratégico. Estas son cinco razones.
1. No se cumplió el objetivo de captura
El gobierno federal afirmó que el objetivo del operativo era la captura, no la eliminación del objetivo. Sin embargo, el resultado fue la muerte del líder criminal durante el enfrentamiento y traslado posterior. Desde el punto de vista estrictamente operativo, el objetivo declarado no se cumplió.
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Más allá del desenlace táctico, la discusión de fondo es el tipo de planeación que se diseñó. Una operación orientada a la aprehensión exige protocolos distintos a los de un enfrentamiento de carácter militar: control del perímetro, neutralización selectiva, reducción de riesgos letales y priorización de inteligencia viva.
Aquí resurge un debate relevante. Cuando se creó la Guardia Nacional —concebida originalmente como una fuerza de naturaleza civil— una de las críticas centrales fue que el entrenamiento y la doctrina militar están orientados al combate, no a la detención judicial. El mando operativo, además, recayó en estructura castrense. El operativo contra Oseguera Cervantes fue planeado y ejecutado bajo lógica militar. El resultado fue coherente con esa lógica: un enfrentamiento de alta letalidad. Nunca una orden de aprensión costó tantas vidas.
Una captura habría permitido procesos judiciales, extracción de información estratégica sobre redes financieras, corrupción institucional, rutas internacionales y estructuras logísticas. El abatimiento clausuró esa posibilidad. Desde el punto de vista del Estado de derecho, la aprehensión y procesamiento penal habrían sido un triunfo institucional superior.
2. La reacción violenta evidenció falta de contención
Tras el operativo, se registraron al menos 252 bloqueos, quema de vehículos, incendios en sucursales del Banco del Bienestar y hechos violentos en alrededor de 20 entidades federativas. El saldo preliminar incluyó decenas de muertos, entre ellos elementos de fuerzas federales y civiles.
Una operación quirúrgica de alto impacto debe contemplar escenarios de represalia. La capacidad de respuesta del CJNG no fue marginal: activó células en distintos estados y logró paralizar temporalmente regiones completas. Desde el punto de vista estratégico, eso implica que el Estado no controló plenamente la fase posterior al operativo.
El argumento oficial sostiene que la “normalidad” fue restablecida en cuestión de horas. Sin embargo, la magnitud y dispersión territorial de los hechos revelan que el cártel mantiene capacidad de movilización coordinada. La demostración pública de fuerza, en términos de percepción social, debilitó la narrativa de control estatal.
En seguridad, no basta con golpear; es indispensable impedir que el adversario transforme la respuesta en propaganda territorial. La reacción masiva mostró que la contención preventiva fue insuficiente.
3. Protección civil insuficiente para la ciudadanía
Los bloqueos, incendios y enfrentamientos afectaron directamente a población civil: pasajeros varados, comercios cerrados, suspensión de clases y actividades productivas, interrupción de carreteras estratégicas y afectaciones en zonas turísticas.
Simplemente no existieron protocolos específicos para proteger a la ciudadanía ante represalias previsibles. En crisis de esta magnitud, los planes deben incluir coordinación con autoridades locales, rutas seguras, información clara sobre zonas de riesgo y despliegues preventivos.
Los reportes de “horas de incertidumbre” y alertas emitidas por embajadas extranjeras indican que la protección civil no operó con la eficacia requerida. La ausencia de lineamientos públicos visibles para la población generó sensación de vulnerabilidad.
Una política de seguridad integral no se limita a la confrontación directa con estructuras criminales; debe priorizar la seguridad inmediata de la ciudadanía y su patrimonio. Si la población experimenta desprotección durante la reacción, el costo político y social supera el beneficio táctico.
4. Comunicación reactiva y no estratégica
En contextos de violencia de alto impacto, la comunicación es parte del operativo. La circulación de videos de bloqueos, incendios y enfrentamientos generó picos de desinformación y rumores en redes sociales.
Los mensajes oficiales llamaron a la calma y desmintieron versiones falsas, pero fueron esencialmente reactivos. En la era digital, la narrativa pública se define en minutos. La ausencia de un protocolo de comunicación de crisis unificado —con información clara, frecuente y coordinada— permitió que el vacío inicial fuera ocupado por especulaciones.
La confianza ciudadana depende no solo de la acción material del Estado, sino de la percepción de control. Cuando la información oficial llega tarde o es fragmentaria, el miedo se multiplica. La gestión de crisis moderna exige anticipación comunicacional como parte integral del diseño operativo.
5. Falta de simultaneidad estructural en el combate
El descabezamiento de una organización criminal no equivale a su desarticulación. La experiencia comparada en México y otros países muestra que la eliminación de líderes puede derivar en fragmentación violenta o rápida recomposición si no existen golpes simultáneos a mandos medios, estructuras financieras, rutas logísticas y redes internacionales de abastecimiento.
El CJNG es una red compleja con presencia en múltiples estados y vínculos internacionales. Sin acciones paralelas y consistentes contra lavado de dinero, tráfico de armas, importación de precursores químicos y nodos financieros, el impacto de la operación se reduce significativamente.
El riesgo estratégico es que el vacío de liderazgo derive en disputas internas o en reacomodos que incrementen la violencia regional. Un combate estructural exige sincronización: inteligencia financiera, cooperación internacional, procesos judiciales y desmantelamiento de redes de corrupción.
Si el operativo no formó parte de una ofensiva integral y simultánea, el resultado será limitado en el tiempo. La historia reciente del país ofrece múltiples ejemplos de descabezamientos que no alteraron sustancialmente la estructura del mercado criminal.
En conclusión, el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes produjo un impacto mediático indiscutible. Pero el análisis estratégico no se rige por el impacto, sino por los resultados sostenibles.
No se trata de negar el esfuerzo institucional ni de desconocer los riesgos enfrentados por las fuerzas de seguridad ni mucho menos su costo en vidas. Tampoco de exigir perfección en escenarios complejos. Se trata de evaluar si el objetivo declarado se cumplió, si la reacción fue contenida, si la ciudadanía estuvo protegida, si la comunicación fue eficaz y si el golpe fue estructural.
Algunos sostienen que corresponde agradecer al gobierno por la acción realizada. Sin embargo, en una democracia no se agradece el cumplimiento de obligaciones constitucionales. Lo que corresponde es evaluar, exigir eficacia y señalar cuando el resultado no alcanza el objetivo.
La seguridad pública no admite celebraciones prematuras. Exige resultados que fortalezcan al Estado, no episodios que lo expongan a nuevas pruebas de control territorial por parte del crimen organizado.
