En un momento crítico para la democracia mexicana, la transparencia y el acceso a la información pública enfrentan un retroceso alarmante. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en mayo pasado no sólo significó el fin de un órgano autónomo que había funcionado durante la reciente etapa democrática del país, sino que también abrió la puerta a un control centralizado de la información bajo la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Ante este panorama, un grupo de periodistas decidió no quedarse cruzado de brazos. De esa inquietud nació la organización Periodistas de Investigación por el Acceso a la Información (PIPAI), una red nacional de comunicadores comprometidos con la vigilancia ciudadana del derecho a saber y la defensa de la transparencia como pilar democrático irrenunciable. Esta iniciativa, presidida por Sandra Romandía, con Ivabelle Arroyo como secretaria y Santiago Alamilla como vocal, reúne a 25 periodistas distribuidos a lo largo y ancho del país, quienes cruzan hallazgos, documentan patrones institucionales y generan evidencia útil para la sociedad sobre el acceso a la información pública.
La preocupación que dio origen a PIPAI no es menor. Durante los meses de junio, julio y agosto de 2025, 17 periodistas de la organización realizaron 833 solicitudes de información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si bien el 90.78% de las solicitudes fueron atendidas dentro del plazo legal, el 35.38% de las respuestas fueron incompletas o evasivas, con ligas rotas, datos parciales, negativas injustificadas y evasivas sistemáticas. Solo uno de los 38 recursos de revisión interpuestos ante respuestas negativas o deficientes fue resuelto. La percepción general es de retroceso estructural: fallas recurrentes en la plataforma, barreras burocráticas, evasivas institucionales y un consenso de opacidad alta, con calificaciones promedio de 1 de 5 en accesibilidad y calidad de la información. La situación es particularmente grave en estados como Yucatán, donde la resistencia a entregar información sobre temas sensibles ha sido consistente. Pero los obstáculos no sólo afectan el trabajo periodístico: cada solicitud negada cierra una ventana de conocimiento que la ciudadanía necesita para tomar decisiones informadas. PIPAI documenta estos casos, cruzando estadísticas y observaciones cualitativas, porque detrás de cada respuesta incompleta hay una sociedad desinformada.
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La labor de PIPAI combina análisis estadístico y seguimiento cualitativo de solicitudes, con criterios estandarizados para medir apertura, dilación, opacidad o buenas prácticas. Sus informes no solamente arrojan cifras, sino que cuentan historias: identifican evasivas institucionales, negativas sistemáticas y desigualdad regional en el acceso a información, además de fallas técnicas recurrentes en la PNT. Su metodología permite a medios, académicos, tomadores de decisiones y sociedad civil contar con evidencia confiable sobre el estado real de la transparencia en México. La existencia de esta red independiente subraya la urgencia de defender y fortalecer los mecanismos de acceso a la información, porque la resistencia a la opacidad no debería ser tarea exclusiva de la ciudadanía organizada. Idealmente, las autoridades cumplirían su obligación y la confianza pública se sostendría sin necesidad de esfuerzos extraordinarios. Pero mientras esa expectativa se diluye, la organización demuestra que la sociedad civil puede y debe ejercer vigilancia activa para sostener la democracia.
El contexto estatal revela otra capa de alarma. El Ranking de Portales Estatales de Transparencia 2025, elaborado por Rodrigo Sandoval Almazán, profesor e investigador independiente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, muestra un panorama preocupante y sin precedentes: seis entidades —Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas— obtuvieron cero puntos debido a portales deshabilitados, caídos o migrados completamente a la PNT. Esta situación refleja un abandono total de la infraestructura digital de transparencia y confirma que, en muchos estados, el acceso ciudadano a información pública está siendo sacrificado en aras de la centralización administrativa. La caída de Zacatecas es simbólica: después de liderar el ranking entre 2019 y 2021 con puntajes cercanos a 80, hoy su portal estatal se encuentra vacío, demostrando que los avances en transparencia son frágiles y reversibles sin compromiso político sostenido.
Al mismo tiempo, el ranking también muestra que el gobierno abierto es posible cuando hay voluntad política. Guanajuato, Colima, Coahuila y Nuevo León lideran con puntajes superiores a 79, manteniendo portales robustos, actualizados y funcionales, con datos abiertos en formatos reutilizables, interfaces intuitivas y mecanismos de colaboración vertical e interacción ciudadana, aunque esta última sigue siendo el componente más descuidado. El promedio general de los 32 estados fue de 46.13 puntos, ligeramente superior al 2024, pero engañoso: excluyendo los seis estados con cero, el promedio asciende a 56.94, evidenciando la polarización y la creciente brecha entre los estados comprometidos con la transparencia y los que han abandonado sus responsabilidades.
El análisis por componentes revela prioridades preocupantes. Las Disposiciones Legales promedian apenas 45.63 puntos, reflejando un incumplimiento sistemático de obligaciones mínimas por ley. Los Datos Abiertos muestran cierta recuperación (47.92 puntos), pero lejos de niveles óptimos; la información existe, pero no es procesable ni útil para la ciudadanía. La Colaboración Vertical lidera con 52.08 puntos, mientras que la Colaboración Horizontal, que mide la participación ciudadana directa, apenas llega a 35.94, demostrando que la interacción con la ciudadanía sigue siendo secundaria frente al control centralizado. La Interfaz, con 49.11 puntos, mejora en presentación y usabilidad, pero un portal atractivo no sustituye contenido actualizado ni transparencia real. La eficiencia administrativa se prioriza sobre la rendición de cuentas directa y el fortalecimiento de la democracia.
Frente a este escenario, PIPAI representa un acto de resistencia necesario e imprescindible. La organización muestra que la sociedad civil puede generar evidencia rigurosa, documentar retrocesos y proponer alternativas para proteger un derecho fundamental: el acceso a la información pública. Su trabajo es un recordatorio de que la democracia no se sostiene sólo con discursos, leyes escritas o promesas de gobierno abierto, sino con vigilancia ciudadana activa y periodistas que no aceptan la opacidad como norma. La transparencia no es un lujo; es un mecanismo de control y un pilar de la participación ciudadana, sin el cual la rendición de cuentas se convierte en ficción.
La historia de PIPAI y los hallazgos del ranking estatal no deben normalizar la resistencia, no deberían ser necesarios, y sin embargo, lo son. La ciudadanía organizada ha tenido que asumir roles que corresponderían a instituciones autónomas, porque la centralización y la opacidad amenazan con erosionar las bases mismas de la democracia. Defender la información pública es defender la posibilidad de decisiones informadas, justicia y control del poder. Cada reporte, cada solicitud documentada, cada observación cualitativa es una contribución al fortalecimiento del derecho a saber y un freno a la regresión institucional.
La transparencia digital en México está en crisis, pero la existencia de portales activos, datos abiertos procesables y el trabajo de periodistas y académicos independientes demuestra que otra realidad es posible. Avanzar hacia un gobierno abierto genuino, con portales estatales funcionales, interfaces accesibles y participación ciudadana real, o permitir que la información se concentre, se centralice y se vuelva inaccesible. PIPAI demuestra que no todo está perdido, que la sociedad puede organizarse y resistir, y que incluso en un contexto de retrocesos estructurales, el derecho a saber puede preservarse mediante acción ciudadana consciente y rigurosa.
La democracia se defiende con vigilancia, evidencia y compromiso ético, y sin acceso a la verdad, el periodismo —y con él, la democracia misma— corre el riesgo de extinguirse.
