La precarización laboral en los medios públicos de México no es un asunto menor ni un problema aislado. Es, en realidad, una de las formas más eficaces de censura. Allí donde los salarios son insuficientes, los contratos temporales se imponen como norma y los despidos se usan como herramienta de disciplina, florecen el silencio y la sumisión funcionales al poder. ARTICLE 19 lo señaló en su Informe 2024: “La precarización laboral se ha convertido en uno de los principales factores de vulnerabilidad de periodistas en México”. No se trata sólo de un asunto gremial, están en juego la pluralidad democrática, el derecho ciudadano a estar informado y la capacidad de cuestionar al poder desde los micrófonos y pantallas del Estado.
De medios públicos a medios de propaganda
Los medios públicos —que en una democracia deberían entenderse como medios de Estado, al servicio de la ciudadanía y no de un partido o un gobierno— han sido reducidos en la práctica a altavoces de propaganda. El ejemplo más evidente es el de Canal 14, operado por el Sistema Público de Radiodifusión (SPR). La Auditoría Superior de la Federación confirmó que en 2021 el SPR dejó sin ejercer 122 millones de pesos de su presupuesto autorizado, al mismo tiempo que recortaba producciones propias. Una revisión de Proceso en 2022 documentó que en un solo año se transmitieron 378 horas de conferencias presidenciales, en contraste con apenas 27 horas de producción cultural original.
Menos contenidos plurales, más propaganda oficial. La austeridad presupuestal, que en el discurso se presenta como virtud republicana, en los hechos se traduce en asfixia de la creatividad y en subordinación informativa.
Precariedad laboral como censura invisible
La censura, hoy incluye contratos basura, salarios de hambre y despidos ejemplares. El caso más emblemático es el de Notimex, la agencia de noticias del Estado, que vivió entre 2020 y 2023 la huelga más larga en la historia del sector, con más de 200 trabajadores en paro. El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex denunció hostigamiento, despidos injustificados y liquidaciones negadas. Durante tres años, el gobierno prefirió dejar morir a la agencia antes que atender las demandas laborales.
No fue el único caso. En 2019, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) anunció despidos; las protestas de los trabajadores obligaron a suspender transmisiones en al menos 12 estaciones. En Radio Educación, en 2021, según reportes de El Universal, programas de música tradicional y literatura fueron cancelados por falta de recursos. No hablamos de lujos, sino de los contenidos culturales y educativos que justifican la existencia de medios públicos.
La precariedad, entonces, no es un accidente, es un método de control. Quien trabaja con miedo a perder su empleo difícilmente investigará la corrupción de un funcionario o cuestionará las decisiones del gobierno.
Audiencias afectadas
La pérdida no es solo para los trabajadores. Las audiencias —radioescuchas, televidentes, usuarios digitales— son las verdaderas damnificadas. La reducción de barras noticiosas en Canal 14 en 2022 dejó a la ciudadanía sin espacios de análisis político que contrastaran las versiones oficiales. En Radio Educación, oyentes denunciaron en redes sociales la desaparición de programas de poesía, música indígena o historia oral, que eran únicos en el espectro mediático.
En un país donde el 60% de la población se informa principalmente por televisión y radio, según datos del INEGI (2023), el vaciamiento de contenidos plurales en los medios públicos significa menos voces, menos matices, menos democracia.
Continuidades autoritarias
La historia pesa. Durante décadas, los medios estatales funcionaron como aparatos de propaganda directa de la Presidencia. Hasta 1994, el Canal 13 (luego Imevisión) dependía de Los Pinos y operaba como maquinaria electoral. En 2002 se intentó romper ese vínculo con consejos ciudadanos y reglas de autonomía. Pero esas promesas fueron revertidas en 2019, cuando la reforma al SPR concentró nuevamente el control en la oficina presidencial.
La Cuarta Transformación se presentó como ruptura con el pasado, pero en los hechos ha reproducido el viejo esquema: subordinación política, precariedad laboral y propaganda disfrazada de información.
La otra censura: violencia y miedo laboral
La precariedad se combina con la violencia. ARTICLE 19 documentó en 2023 un total de 696 agresiones a periodistas, muchos de ellos trabajadores de radios y televisoras estatales que cubrían contextos de riesgo sin protocolos de seguridad. En Guerrero, reporteros de Radio y Televisión estatal denunciaron en 2022 que eran enviados a cubrir notas sobre violencia armada sin equipo de protección.
Esa mezcla de miedo y precariedad genera un efecto devastador: la autocensura. Ante el dilema de perder el empleo o arriesgar la vida, la mayoría elige callar. Y el silencio, en democracia, siempre favorece al poderoso.
Democracia sin micrófonos
La democracia necesita de medios de Estado robustos, autónomos y plurales. Modelos como la DW alemana, la muy famosa BBC en Reino Unido o hasta RTVE en España muestran que es posible garantizar presupuestos multianuales independientes del gobierno en turno y consejos de administración nombrados por parlamentos. En México ocurre lo contrario: el presupuesto de Radio Educación cayó 28% entre 2018 y 2023, según el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Mientras en otros países se busca blindar a los medios públicos de la manipulación política, aquí se les ahoga económicamente y se les convierte en repetidores de discursos oficiales.
Resistencias
No todo es resignación. En 2021, el Sindicato de Trabajadores de la Radio y Televisión (STIRT) denunció ante el Congreso que los contratos por honorarios eran “la nueva forma de censura laboral”. ARTICLE 19 lo reiteró en su Informe 2022: “La crisis de Notimex mostró cómo desde el propio Estado se pueden instrumentar mecanismos de censura estructural a través del deterioro de las condiciones de trabajo”.
Hay también resistencia desde las audiencias. Los hashtags #DefiendeTuRadio y #NoAlCierreDeNotimex fueron tendencia en redes sociales durante los momentos más duros de los conflictos laborales. Detrás de cada etiqueta hay ciudadanos que entienden que sin trabajadores libres no hay periodismo libre y que sin periodismo libre la democracia es apenas una escenografía vacía.
Defender a los medios públicos
La precarización laboral en los medios públicos no es solo un problema gremial ni una falla administrativa: es una amenaza directa contra la democracia. La 4T, que se presentó como ruptura, ha repetido los viejos vicios: controlar a los medios estatales mediante el castigo económico y para la propaganda.
Existe una salida: garantizar presupuestos plurianuales blindados del gobierno, establecer consejos ciudadanos con poder real, dignificar las condiciones laborales de periodistas y trabajadores técnicos, y asegurar contenidos plurales que respondan a las necesidades de la sociedad, no a la agenda del poder.
Defender a los medios públicos como medios de Estado, autónomos, plurales y con trabajadores libres, no es una causa gremial, es defender el derecho ciudadano a la información, piedra angular de cualquier democracia viva.
Porque sin voces críticas, sin creadores libres, sin periodistas con derechos, lo único que nos queda es la propaganda. Y la propaganda, lo sabemos por experiencia histórica, nunca ha sido democracia.
