Modelo Tequila
En una de las denuncias integradas en la investigación federal contra el expresidente municipal de Tequila, Jalisco, aparece una frase que, por sí sola, resume el tipo de poder que ejercía desde el ayuntamiento: sobre Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Diego Rivera Navarro decía: “El Mencho es el patrón”. Más que una bravata, una definición política. Esas cinco palabras condensan una forma de gobierno: la subordinación del poder civil a una estructura criminal. Un reconocimiento de jerarquía, una declaración de obediencia.
Lo que ocurrió en Tequila es la expresión más sofisticada hasta ahora de un modelo de control territorial que se reproduce en distintas regiones del país desde hace muchos años como si fueran pruebas piloto. Un modelo donde el ayuntamiento es reconfigurado en instrumento operativo del crimen organizado. A este desarrollado esquema puede llamársele, sin exagerar, el Modelo Tequila.
El debate público ha tendido a reducir estos episodios a problemas de “corrupción” o “infiltración”. Como si se tratara de funcionarios débiles tentados por el dinero fácil. Como si el fenómeno fuera individual. El caso de Tequila es diferente: muestra una estructura, planificación, ocupación, sustitución funcional del gobierno por una red criminal.
Más que sólo sobornos, hubo una reingeniería institucional, un rediseño del aparato municipal para fines ilícitos. La conversión del Estado local en plataforma de extorsión.
La ocupación del ayuntamiento
El control no se ejerció desde dentro. De acuerdo con las investigaciones, una red de operadores, muchos de ellos procedentes de otros municipios, fue colocada en posiciones estratégicas dentro de la administración. No eran cuadros políticos formados en la vida local ni provenían del tejido social de Tequila ni respondían a dinámicas comunitarias. Respondían a una cadena de mando criminal.
La llegada de estos operadores comenzó desde la elección misma, con la eliminación de dos candidatos. Implicó, en distintos casos, el desplazamiento de personal previo, renuncias forzadas, presiones, amenazas o coacciones. El objetivo era despejar el terreno administrativo para colocar perfiles funcionales al esquema. No llegaron a gobernar sino a cobrar, a administrar servicios y rentas. El ayuntamiento fue ocupado como se ocupa una plaza.
Dos estructuras en una sola
Sobre el organigrama formal del municipio se superpuso una estructura paralela. Presidente municipal, directores, mandos policiales y responsables de áreas clave cumplían simultáneamente funciones administrativas y funciones delictivas. Lo que en papel era un gobierno, en los hechos operaba como célula. Gobierno y cártel dejaron de ser entidades separadas. Se fusionaron.
La presidencia coordinaba, seguridad ejecutaba, catastro y obras administraban, reglamentos presionaba y tesorería, claro, canalizaba. La frontera entre autoridad y delincuencia desapareció en Tequila. No había dos poderes, había uno solo, con dos fachadas.
El organigrama de la franquicia
De acuerdo con las imputaciones judiciales y las denuncias integradas en las carpetas de investigación, la red operaba bajo una lógica jerárquica bien definida. Desde la presidencia municipal se coordinaban las extorsiones y se autorizaban los cobros, se establecían montos, objetivos y prioridades. Desde la Dirección de Seguridad Pública se ejecutaban las amenazas, se realizaban intimidaciones, se brindaba protección armada y se utilizaban recursos policiales para presionar a quienes se resistían.
Catastro y Predial instrumentaban cobros irregulares, multas ficticias y ajustes administrativos como mecanismos de presión. Obras Públicas desviaba recursos mediante proyectos inflados o inexistentes, imponía cuotas a contratistas y utilizaba contratos como vehículo de lavado. Cada área tenía una función específica dentro del negocio. No improvisaban, se dividían el trabajo.
De acuerdo con las investigaciones, Diego Rivera Navarro se había comprometido a entregar alrededor de 40 millones de pesos anuales a la organización criminal, una meta de recaudación que funcionaba como objetivo operativo y financiero. No era una cifra simbólica: era una cuota contractual. Como en una franquicia o una concesión territorial, el ayuntamiento debía garantizar una renta mínima al corporativo criminal. El municipio operaba como una sucursal: tenía territorio asignado, metas de ingreso y obligación de transferencia periódica hacia niveles superiores de la estructura.
Los nombres de los funcionarios implicados, sus cargos y sus presuntas responsabilidades forman hoy parte de procesos judiciales en curso. Corresponderá a los tribunales determinar responsabilidades penales individuales, pero el patrón operativo del modelo está documentado.
La economía criminal municipal
El municipio fue transformado en una máquina de recaudación ilegal. Permisos, licencias, inspecciones, clausuras, contratos, prediales y multas se convirtieron en instrumentos de presión sistemática. No se aplicaban conforme a reglamentos ni criterios técnicos, sino conforme a los requerimientos de cobro del patrón.
Pagar o enfrentar consecuencias administrativas, legales o físicas. Empresarios, comerciantes y productores fueron sometidos a un sistema de cuotas disfrazado de gestión pública. La extorsión adoptó forma de trámite. La economía local quedó subordinada a la lógica de renta criminal y esa renta no se quedaba en el municipio, ascendía, fluía hacia niveles superiores de la estructura.
El silencio del miedo
Durante ese periodo, la mayoría de los habitantes de Tequila no denunció públicamente, no organizó protestas, no alzó la voz en medios, no acudió masivamente a las fiscalías. Vivió en silencio. Un silencio construido con amenazas, vigilancia, intimidación y ejemplos aleccionadores. Un silencio producido por la certeza de que quienes debían protegerlos eran parte del problema.
Solo después de las detenciones comenzaron a circular testimonios, relatos, expresiones de repudio, celebraciones espontáneas, actos simbólicos de desahogo colectivo. La gente habló cuando el riesgo inmediato disminuyó. Ese estallido posterior fue la prueba de que el miedo había sido norma, evidenció hasta qué punto el silencio había sido una estrategia de supervivencia, no de indiferencia. El Modelo Tequila no solo capturó instituciones, capturó también la vida cotidiana.
Pero el modelo Tequila chocó con un poder mayor
Durante meses el sistema funcionó. La combinación de miedo, control institucional y debilidad de contrapesos permitió su operación. Colapsó cuando las denuncias alcanzaron el nivel federal. Empresarios del sector tequilero, ante la imposibilidad de seguir operando bajo extorsión, canalizaron quejas por distintas vías. Algunas llegaron directamente a instancias centrales del gobierno, otras se integraron en denuncias formales.
La acumulación, la saturación, el exceso, la prepotencia fanfarrona rebasaron los límites políticos, el poder local rebasó su margen y chocó con el poder central. La intervención federal respondió a esa ruptura de equilibrio.
La selectividad del Estado
El caso también exhibe, una vez más, que la capacidad de respuesta del Estado sigue dependiendo, en buena medida, del peso político y económico de quien denuncia. Durante meses, pequeños comerciantes, proveedores locales y ciudadanos comunes enfrentaron extorsiones sin que sus quejas produjeran una reacción eficaz. La procuración de justicia se activó cuando las denuncias provinieron de actores con capacidad de presión nacional, cuando hablaron las cúpulas, cuando el riesgo económico fue mayor y visible.
Esta lógica de intervención tardía también revela una práctica recurrente del poder central: actuar no cuando las comunidades lo exigen, sino cuando los costos políticos, económicos o internacionales se vuelven insostenibles. Mientras las denuncias provienen de pueblos sin padrinos, sin reflectores y sin influencia, suelen archivarse. Cuando las formulan actores con capacidad de presión, entonces sí, el aparato del Estado se moviliza.
Otros territorios, el mismo modus operandi
Tequila no es una excepción. Desde hace al menos dos décadas, en municipios de Michoacán, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit y Baja California, entre otros, se han documentado esquemas donde ayuntamientos completos operan como plataformas criminales. Desde La Familia Michoacana en Tierra Caliente hasta el CJNG en el occidente del país, el patrón se ha reproducido con variaciones locales, pero con una lógica estructural común.
Cambian los nombres, los partidos, los contextos locales, pero no cambia el mecanismo: eliminación de opositores, captura electoral, importación de operadores, colonización administrativa, extorsión sistemática, protección armada y canalización de renta. El mismo modus operandi.
Del vacío de estado al Estado subcontratado
Por mucho tiempo se habló de “ausencia del Estado” para explicar estos fenómenos. El caso Tequila obliga a repensar esa idea. Aquí no hubo vacío, sino presencia funcional. El Estado no desapareció, fue reconfigurado.
No estamos ante instituciones inexistentes, sino ante instituciones capturadas. No ante debilidad absoluta, sino ante subordinación, la soberanía fue delegada, en los hechos, a estructuras criminales. El municipio dejó de gobernarse para ser administrado por el narco.
El Modelo Tequila es el resultado de años de omisiones, pactos tácitos y simulaciones. Desmontarlo exige algo más que detenciones ejemplares, exige romper la lógica que convirtió a los ayuntamientos en franquicias del crimen y al Estado en su administrador indirecto. Algo que no aparece en el panorama cercano.
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