En el periodismo mexicano, las salidas de periodistas críticos casi nunca hacen mucho ruido. No hay conferencias de prensa, no hay comunicados extensos, no hay debates públicos entre la empresa y el periodista. De pronto, un nombre desaparece de la barra de un programa, de una columna o de una mesa de análisis, y la única señal visible es un breve mensaje de agradecimiento en redes sociales. “Se cierra un ciclo”, suele decirse. “Gracias a la empresa y a los lectores”. Y con eso se clausura la conversación.
Ese silencio es parte del mecanismo. Cuando un periodista crítico deja un medio sin conflicto público, casi nunca se trata de una decisión puramente personal. Tampoco suele ser un despido abierto. Es, más bien, el resultado de una negociación invisible, de una presión indirecta, de un acuerdo tácito para que nadie diga más de lo necesario. No hay expediente, pero sí contexto; no hay documento, pero sí coyuntura.
Un régimen sin censura… formal
Desde que Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia en octubre de 2024, el discurso oficial ha insistido en que no existe censura, que los medios son libres, que cada empresa toma sus decisiones editoriales sin interferencias. En términos formales, esa afirmación es correcta. No existen leyes mordaza nuevas ni se han cerrado redacciones. Sin embargo, la ausencia de represión directa no implica ausencia de control.
El modelo de relación entre poder político y medios heredado del sexenio de Andrés Manuel López Obrador no desapareció con el cambio de gobierno, se transformó. Si antes predominaba la confrontación pública, la estigmatización cotidiana y el señalamiento directo desde tribunas oficiales, hoy el estilo es más discreto, más administrativo, más silencioso. La presión no se ejerce frente a cámaras, sino en privado; no se grita, se “sugiere”.
Censura sin papeles
La censura contemporánea en México no suele llegar a las redacciones en forma de orden escrita. No aparece en correos electrónicos ni en oficios sellados. Funciona a través de una cadena informal que rara vez se documenta. Un reportaje incomoda, una columna insiste, una narrativa se vuelve persistente. Entonces ocurre una llamada, no al reportero ni al editor, al dueño del medio. La conversación no incluye amenazas sólo recordatorios, referencias a otros negocios, comentarios sobre proyectos pendientes, alusiones a relaciones institucionales. Todo se sobreentiende.
Salidas que no son casualidad
En este contexto deben leerse varias salidas recientes que, sin ser formalmente explicadas como actos de censura, ocurrieron en momentos políticamente sensibles. En días recientes, por ejemplo, el economista Sergio Negrete Cárdenas dejó de publicar su columna en El Financiero, luego de más de una década de colaboraciones constantes. No hubo comunicado oficial, ni explicación al público, sólo un mensaje de agradecimiento y el cierre abrupto de un espacio caracterizado por su crítica persistente a las políticas económicas del gobierno.
Pocos días después, en el mismo medio, Fernando García Ramírez dejó de publicar su columna “Leer es poder”, reconocida por su tono crítico frente al poder político y su énfasis en los riesgos autoritarios. Tampoco hubo explicación institucional. La coincidencia temporal reforzó, entre lectores y colegas, la percepción de una “sacudida editorial” difícil de interpretar como un simple ajuste administrativo y más parecida a una purga.
Algo similar ocurrió con Manuel López San Martín, quien dejó su espacio en MVS Radio a inicios de 2026, en un momento de alto rating y posicionamiento público. Su salida, sin despedida al aire y sin explicación detallada, fue interpretada por amplios sectores del gremio como resultado de tensiones acumuladas por su línea editorial crítica.
En ninguno de estos casos existe un documento que pruebe censura directa. No hay órdenes firmadas, no hay instrucciones oficiales. Lo que existe son trayectorias interrumpidas, silencios institucionales y coincidencias políticas.
Empresarios, negocios y riesgos
El problema central es que, para la mayoría de los propietarios de medios, el periodismo no es el único de sus negocios, sino que forma parte de conglomerados que incluyen constructoras, inmobiliarias, concesionarias, empresas de transporte, servicios financieros o contratos con el sector público. En ese contexto, una columna crítica puede convertirse en un riesgo para intereses mayores. Entonces se protege el negocio y se sacrifica el espacio crítico.
Desde fuera, el proceso parece limpio. No hay pleito, demandas, ni denuncias. El periodista se va en más o menos buenos términos. Pero esa apariencia es engañosa. En muchos casos, la salida no responde a una evaluación editorial, sino a una decisión corporativa tomada lejos de la redacción. La empresa protege sus relaciones con el poder, el periodista, los lectores y las audiencias pagan el costo.
Por qué casi nadie denuncia
Surgen entonces las preguntas: ¿por qué casi nadie denuncia públicamente este tipo de presiones?, ¿por qué la mayoría se va agradeciendo? La respuesta tiene que ver con la precariedad estructural del oficio. El mercado laboral del periodismo es inestable, fragmentado y mal pagado. Predominan los acuerdos verbales, los honorarios simbólicos y la ausencia de protección jurídica.
Denunciar implica riesgos reales: cierre de puertas, estigmatización, aislamiento profesional, pérdida de ingresos y exposición a litigios costosos. Para muchos, el silencio es una forma de autoprotección. Agradecer no es necesariamente hipocresía, es, sí, una acción honorable, pero también una estrategia de supervivencia. En México, decir toda la verdad sobre una salida puede ser un lujo que pocos pueden permitirse.
La pedagogía de la autocensura
El efecto más profundo de este sistema no es el despido ocasional, sino la autocensura generalizada. La censura más eficaz no es la que prohíbe, sino la que induce prudencia. Cuando los periodistas observan que ciertas trayectorias terminan abruptamente, aprenden qué temas conviene evitar, qué enfoques suavizar, qué preguntas reformular. El control deja de ser externo y se vuelve interior.
Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras han advertido sobre este “ambiente inhibitorio”, en el que el ejercicio crítico se vuelve riesgoso no por prohibición explícita, sino por castigos indirectos. No hace falta despedir a todos, basta con que algunos casos funcionen como advertencia.
Más allá de los despidos, la censura nos alcanza a todos
Un gobierno que se asume democrático está obligado a garantizar que nadie tenga que callar por miedo a perder su trabajo o su futuro profesional. Su tarea no es defender libertad de expresión con discursos, sino crear y garantizar condiciones materiales, laborales y políticas que permitan ejercerla sin castigos.
El periodismo enfrenta la disyuntiva de adaptarse a la lógica de la prudencia forzada o insistir en su función crítica aun pagando costos personales. Es una elección que se toma todos los días en redacciones precarizadas, con contratos frágiles, ingresos inestables y sin respaldo institucional. Pedir valentía permanente en estas condiciones sería injusto, pero normalizar el silencio también tiene consecuencias: el oficio pierde su sentido público y se transforma, poco a poco, en un ejercicio de administración del riesgo.
Este proceso no daña sólo a los periodistas, afecta directamente a la sociedad. Se empobrece el debate, se reduce la información disponible y se debilita la deliberación democrática. Defender al periodismo independiente no es una causa gremial, es una responsabilidad cívica.
Mientras las despedidas amables sigan ocultando presiones reales y los silencios sustituyan a las explicaciones, la censura seguirá operando sin nombre, sin huellas visibles y sin responsables claros, erosionando lentamente la vida pública del país.
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