Este 22 de octubre se cumple un mes desde que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) inició el paro contra las políticas neoliberales del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. ¿Cuáles son esas políticas, cómo y por qué el pueblo se opone a ellas? Aquí te lo contamos.
En apenas cinco meses que cumplirá este 24 de octubre, el gobierno de Noboa pretendió imponer a rajatabla las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para poder endeudar más a ese país; sin embargo, encontró una fuerte resistencia del pueblo ecuatoriano.
Una Ley de Solidaridad Nacional, una Ley de Integridad Pública que a su vez reforma otras 20 leyes ordinarias, y hasta una nueva constituyente para eliminar derechos y libertades democráticas establecidas en la actual Constitución, forman parte del recetario del FMI que Noboa quiere imponer en Ecuador.
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Nueva constitución en Ecuador, un retroceso de 18 años de conquistas políticas
Frente a la oposición de los trabajadores, la juventud y el pueblo ecuatoriano a las medidas fondomonetaristas del presidente Noboa y la declaración de inconstitucionalidad de dos de las principales reformas presidenciales, ahora el banquero propone una nueva Constitución.
La Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional la Ley de Solidaridad Nacional que le daba facultades al ejército de allanar domicilios e impedir reuniones; asimismo, la Ley de Integridad Pública, que reformaba leyes y permitía el despido de más de 10 mil trabajadores, también fue declarada inconstitucional.
En entrevista con AmexiI, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular de Ecuador, explicó que ante la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes y la creciente inconformidad social, Noboa convoca a una Consulta Popular el 16 de noviembre para instalar una nueva constituyente, lo que significaría un retroceso de 18 años de conquistas en derechos.
“A pesar de que el gobierno de Noboa está haciendo todo lo posible por impedir la participación activa de los trabajadores… todas las fuerzas nos estamos preparando, para convertir la consulta popular en un plebiscito contra Noboa, vamos a votar por el NO, porque decir NO en la consulta, es decirle no al autoritarismo y a un gobierno dictatorial”, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular.
El gobierno de Noboa, un gobierno de los banqueros
Daniel Noboa es integrante del grupo económico más importante del país andino, hijo del banquero de Guayaquil, Álvaro Noboa, dueño de la Corporación Noboa, que tiene inversiones en múltiples rubros que van desde aerolíneas hasta bienes raíces.
La pertenencia de Noboa a la oligarquía ecuatoriana explica que el gobierno sea gestor de los intereses de los multimillonarios, gestión que va desde la condonación de la deuda de la Corporación Noboa, propiedad del padre del presidente: “con la Ley de Integridad le acaban de perdonar 96 millones de dólares”.
“Como representante de la oligarquía, este gobierno busca apropiarse de los recursos naturales de los ecuatorianos: la minería, las empresas eléctricas y las petroleras”, señaló Nelson Erazo.
Crisis económica, detonante del levantamiento popular en Ecuador
Junto con la implementación de políticas que benefician a los grandes capitales, la crisis económica comenzó a afectar severamente los sistemas de educación y salud, y provocó el incremento de precios, en especial el de la gasolina.
Ante el déficit fiscal, el gobierno recortó el presupuesto para salud y educación, y mediante un decreto ejecutivo del 13 de septiembre, eliminó el subsidio al diésel, que subió de 1.80 a 2.80 dólares por galón, lo que generó una escalada de precios de productos básicos y una inconformidad popular generalizada.
El sistema de salud está en una situación catastrófica, dice Nelson Erazo, al grado de que los médicos venden hot dogs y sándwiches para comprar medicamentos, mientras que los pacientes en diálisis no pueden ser tratados porque el gobierno debe dos mil millones de dólares a las dializadoras.
Movimiento indígena y trabajadores retomarán Parlamento de los Pueblos
La lucha del pueblo ecuatoriano creció con el paro nacional de la CONAIE desde el 22 de junio, sumando a trabajadores, estudiantes y sectores populares.
Nelson Erazo recordó que el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular exigían la declaratoria de emergencia de la educación y la salud desde junio.
El 16 de agosto, diversas fuerzas populares se unificaron en el Frente de Defensa de la Salud, la Educación, el Medio Ambiente, el Agua y el Ecosistema, organizando una movilización histórica en Cuenca, por la defensa de las Lagunas de Quinsacocha y contra el proyecto minero Loma Larga.
“Hemos hablado de retomar el Parlamento de los Pueblos, donde confluyen todos los sectores para coordinar acciones”, señaló Erazo.
Otavalo, epicentro de la lucha en Ecuador
A pesar de las reformas del gobierno para sacar al ejército y reprimir las manifestaciones, declarar Estado de sitio y prohibir protestas, no logró evitar el estallido del paro que se extiende en todo el país.
El paro nacional que está por cumplir un mes ha registrado enfrentamientos en la provincia de Imbabura, especialmente en Otavalo, donde se han reportado heridos, muertos y presos políticos.
La represión también alcanza a dirigentes indígenas, sindicales y estudiantiles, como José Villavicencio Cañar de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), y Nery Padilla de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), quienes tienen órdenes de aprehensión y sufren persecución política del Estado ecuatoriano.
El gobierno de Noboa cierra toda posibilidad de diálogo: CONAIE
En respuesta al anuncio del gobierno del 19 de octubre, donde Daniel Noboa tacha a los manifestantes como terroristas y los vincula con el narcotráfico y la minería ilegal, la CONAIE respondió que esta actitud “intenta justificar su autoritarismo”.
En un comunicado del 20 de octubre, la CONAIE destacó que “no existen condiciones para dialogar”, ya que “aumentan los heridos, los detenidos y las violaciones a los derechos humanos; se cierran medios comunitarios, se bloquean cuentas bancarias de organizaciones, se realizan allanamientos ilegales y se abren investigaciones arbitrarias”.
“La CONAIE reafirma su voluntad política de diálogo verdadero y su disposición a un cese a la confrontación, pero no aceptará conversaciones condicionadas por la represión. Exigimos el fin de la violencia estatal y el reconocimiento del movimiento indígena como interlocutor legítimo”, señala el documento.
