Ciudad de México, 7 abr. (AMEXI).- Debido a las redes de corrupción que se han tejido durante dos décadas, los propietarios de las tierras del ejido El Bajío, en Caborca, Sonora, siguen sin recuperar lo que por ley les pertenece, pues una juez y el comisariado ejidal se han negado a cumplir con los laudos emitidos por los Tribunales Agrarios, y tratan de quedarse con más de dos mil hectáreas de tierra ricas en oro y plata.
“Realmente, los ejidatarios, la familia Cruz y otros ejidatarios, pensábamos, junto con los apoderados, que el enemigo a vencer era la compañía minera, pero no, no es así, el enemigo a vencer es el propio comisariado ejidal -Javier Thomas- y la propia magistrada Alejandrina Gómez Rey del distrito 28 con sede en Hermosillo», expresó el apoderado legal de los afectados, Rubén Olivares.
Aseguró que estas personas, “su red compleja de corrupción, han evitado a toda costa se cumplimenten las sentencias que desde hace años están pendientes de ejecución, por el interés de seguir robando el oro de las tierras de uso común”.
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Debido a que presentó documentos apócrifos con firmas falsas, el comisariado ejidal fue condenado en 2009 por no ejecutar actos en contra de las familias Cruz Pérez, Cruz López y Cruz Figueroa, que son los ejidatarios directamente afectados con el despojo de estas dos mil hectáreas.
Ante esas irregularidades por parte de quienes deberían hacer cumplir y están obligados a apegarse a la ley, los ejidatarios de Sonora solicitaron al Senado de la República llamar a comparecer a la magistrada Alejandrina Gómez Rey, para que dé cuentas de su actuar y de su participación en esta red de corrupción.
“Se solicita a la Comisión Agraria del Senado mande comparecer a la magistrada Alejandrina Gama Rey para que rinda un informe detallado de las más de 67 sentencias agrarias del ejido El Bajío que tiene congeladas y que no ha querido cumplir.
Es decir, están en etapa de ejecución y ella ha entorpecido el que se logre hacer cumplir estas determinaciones agrarias”, detalló Rubén Olivares.
Explicó que la juez y el comisariado ejidal simularon que los ejidatarios habían perdido sus derechos sobre estas tierras, presentando copias simples de documentos ilegales, a pesar de que hay una sentencia en firme que data de 2011.
A lo que están haciendo se le conoce como fraude procesal e implica penas de cárcel de entre dos y seis años, de acuerdo al Código Penal Federal, refirió.
De esta forma, la intención es hacer comparecer también al comisariado ejidal del municipio El Bajio en Caborca, Javier Thomas, por intento de despojo y haber retrasado el cumplimiento de la excitativa de justicia emitida por el Tribunal Superior Agrario, donde se ordena la restitución de estas tierras.
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