Ante la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), trabajadores del organismo entregaron un pliego petitorio en el que exigen garantías laborales, certeza jurídica y respeto pleno a sus derechos adquiridos.
El documento, dirigido a la sociedad civil y medios de comunicación, denuncia la incertidumbre generada por el proceso de transformación institucional que podría afectar gravemente las condiciones laborales del personal del IFT, sin distinción de tipo de contrato, antigüedad o función.
Demandas de los trabajadores del IFT
Entre las principales demandas destacan el respeto irrestricto a los derechos humanos y laborales de todos los trabajadores, el pago completo de finiquitos y prestaciones proporcionales, así como una indemnización extraordinaria conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo.
Los trabajadores también exigen la instalación inmediata de un Comité de Transferencia de Talento Humano con representación del IFT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), con el objetivo de facilitar su reubicación en otras dependencias y garantizar la continuidad laboral.
Otro de los puntos clave del pliego es la exigencia de lineamientos claros y públicos sobre los trámites administrativos derivados de un posible cierre o reestructuración, así como la determinación precisa de la autoridad competente que deberá responder legal y administrativamente ante las demandas de los trabajadores.
Además, se solicita la condonación de becas institucionales en caso de interrupción no imputable al personal, la implementación de un plan de retiro voluntario con incentivos proporcionales a los años de servicio y claridad sobre la obligación de presentar declaraciones patrimoniales.
Urgen a la instalación de una mesa de diálogo
En su comunicado, las y los trabajadores llaman al Pleno del IFT y a la ATDT a emitir una postura formal e inmediata sobre el pliego petitorio, y proponen la instalación urgente de una mesa de diálogo tripartita con participación activa de los empleados afectados.
Finalmente, el documento establece un plazo máximo de 30 días naturales para recibir respuestas formales por parte de las autoridades, subrayando que este momento representa no solo la defensa de fuentes de empleo, sino la protección de trayectorias profesionales dedicadas al servicio público en telecomunicaciones y radiodifusión.
“No se trata solo de defender plazas, sino de proteger trayectorias, vocaciones y compromisos con el servicio público”, concluye el pronunciamiento.
