La mañana del domingo 20 de octubre quedó marcada por el asesinato del padre Marcelo Pérez, a quien mataron al finalizar la misa que ofrecía en la iglesia del barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Tras este crimen, surgieron decenas de pronunciamientos y exigencias para esclarecer los hechos. Muchos defensores de derechos humanos lo califican como un crimen de Estado, por a la persecución judicial, el acoso y las amenazas que enfrentaba el sacerdote antes de que los motonetos le dispararan ocho veces, acabando con su vida.
En riesgo la vida de los defensores de derechos humanos
Este asesinato puso en alerta a cientos de luchadores sociales en Chiapas y en todo el país. Las mismas condiciones que llevaron al asesinato del padre Marcelo son las que enfrentan muchos activistas, defensores del territorio, del medio ambiente, y, en general, todos los que luchan por los derechos humanos.
Al igual que en otros crímenes políticos bajo los gobiernos del PAN, PRI y Morena, las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos y los mecanismos nacionales de protección a periodistas y defensores no salvaguardan la vida. El padre Marcelo contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2015.
El silencio cómplice y las denuncias públicas
El Padre Marcelo denunciaba el silencio cómplice de diversos niveles de gobierno ante la expansión del crimen organizado. Esta movilización, especialmente dentro del pueblo creyente, le costó la vida. Pero este tipo de denuncias son lo que hacen día a día los defensores de derechos humanos en todo el país.
Las bases zapatistas también están en riesgo
El 16 de octubre, la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunció las amenazas de desalojo violento contra el poblado 6 de octubre, del Caracol Jerusalén. Estas amenazas provienen de grupos paramilitares respaldados por los gobiernos de Ocosingo y el Estado de Chiapas.
En respuesta, el movimiento zapatista y el Congreso Nacional Indígena (CNI) convocaron a una serie de movilizaciones que comenzaron el mismo 16 de octubre y continuarán hasta el 26 de este mes, exigiendo la intervención del gobierno de Claudia Sheinbaum para evitar una masacre contra las bases de apoyo zapatistas.
Amenazas y asesinato en el magisterio
En otro frente, el profesor José Antonio Altamirano Marín, integrante de la Sección 22, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), denunció el hostigamiento y los ataques en su contra, que incluyen el robo de un vehículo de la Sección 22 a su cargo y el corte de los frenos de su motocicleta. Este tipo de persecuciones son comunes para los integrantes del movimiento magisterial y popular en Oaxaca.
Además, el 15 de octubre, asesinaron a balazos al profesor Román Ruiz Bohojórquez, presidente del municipio indígena de Candelaria Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca.
Silencio gubernamental ante la violencia
Mientras la Iglesia, las comunidades indígenas y el magisterio democrático siguen siendo víctimas de esta violencia, el gobierno de Claudia Sheinbaum guarda silencio, eludiendo su responsabilidad. Los gobiernos estatales y municipales minimizan la situación, incluso cuando la compenetración entre el crimen organizado y los aparatos estatales es evidente.
Como el mismo padre Marcelo declaró en una entrevista: “El gobierno niega sistemáticamente la existencia de la violencia, pero cada vez hay más muertos, desplazados y secuestros”.
La lucha organizada del pueblo como respuesta
El padre Marcelo dejó claro en sus sermones, entrevistas y discursos que solo la organización, la unidad y la lucha de los trabajadores, los pueblos y las organizaciones pueden garantizar la paz y la vida de los defensores de derechos humanos.
Que la vida del padre Marcelo, como luchador indígena, siga iluminando nuestros senderos de lucha.
