Los diputados del PAN, Margarita Zavala Gómez del Campo y Héctor Saúl Téllez Hernández, impugnaron ante el TEPJF la selección del Comité de Evaluación de candidaturas para jueces, magistrados y ministros en las elecciones de 2025.
«Con los elementos probatorios solicitamos la revocación del Comité Técnico de Evaluación de Candidaturas a Jueces, Magistraturas y Ministros, conformado por el Congreso de la Unión«, expresaron en su demanda.
«¡Basta de decisiones tomadas por un grupo de morenistas del partido oficialista, quienes en una mesa de dominó deciden los integrantes de un órgano colegiado!», manifestó Téllez Hernández.
El diputado acusó que el proceso de selección se desarrolló al margen de la ley, en total opacidad, y lo decidió un reducido grupo de jerarcas de Morena, sin participación de otras fuerzas políticas representadas en ambas cámaras del Congreso.
Téllez Hernández argumentó que no se establecieron reglas para que los legisladores federales y los grupos parlamentarios pudieran participar en todo el proceso de selección de los integrantes de este Comité de Evaluación.
Demanda y fundamentación legal de los diputados del PAN
Gómez del Campo y Téllez Hernández explicaron que impugnarán mediante un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Indicaron que esta figura jurídica está contemplada en distintas disposiciones legales, como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y se basa en el criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
«Este recurso está respaldado en la Jurisprudencia 2/2022, la cual establece que los actos parlamentarios son revisables en sede jurisdiccional electoral cuando vulneran el derecho humano de ser votado, en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo y representación ciudadana«.
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Ambos diputados acusaron que la mayoría oficialista, actuando con discrecionalidad absoluta, postuló y aprobó a diversas personas con vínculos cercanos a Morena y sus liderazgos.
Así, denunciaron que se anuló la posibilidad de contar con un comité que actuara como árbitro neutral, transparente e imparcial en el proceso de selección de candidatos.
