Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, consideró preocupante el desacato del Comité de Evaluación del PJF, ya que interrumpe la selección de perfiles para jueces, magistrados y ministros. Esto pone en riesgo el cumplimiento de los tiempos legales establecidos.
Existen alternativas legales para resolver esta situación. Monreal destacó que el Tribunal Electoral puede dictar medidas de apremio, ya que el calendario está a punto de concluir. Los comités de evaluación deben publicar la lista de los perfiles mejor calificados el 31 de enero y pasar a la insaculación pública entre el 1 y el 4 de febrero.
Opciones legales ante el desacato del Comité de Evaluación del PJF
En conferencia de prensa, Monreal detalló que, según los plazos establecidos, el Comité de Evaluación debe publicar la lista de los perfiles mejor calificados a más tardar el 31 de enero. Luego, debe proceder con la insaculación pública entre el 1 y el 4 de febrero.
El líder parlamentario expresó su preocupación por los retrasos en el trabajo del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) y de otros órganos clave del sistema de justicia. Aseguró que “es fundamental garantizar la transparencia y el respeto a los derechos de los participantes”.
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Las propuestas de Monreal
Monreal resaltó la gravedad del desacato del Comité de Evaluación, ya que afecta los derechos políticos de las personas inscritas en el proceso. Reiteró que el cumplimiento de la ley es necesario para proteger a los participantes.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) propuso que el Tribunal Electoral solicite al Senado de la República tomar las medidas correspondientes ante el desacato. Esta intervención permitiría que el comité continúe con el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros.
Además, sugirió que, tras este procedimiento, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado entreguen los expedientes correspondientes al Comité de Evaluación, para asegurar que el proceso no se detenga.
Monreal también confió en que hoy mismo el Tribunal Electoral pueda dictar las medidas necesarias para evitar que se violen los derechos políticos de quienes participan en el proceso.
Un universo de participantes complejo
El universo de participantes inscritas en el proceso de selección del Poder Judicial de la Federación es de 3,814 personas. De ellas, 1,046 son elegibles, y 661 están inscritas por doble vía en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Aun así, 385 personas no coinciden en ambos sistemas.
Monreal aclaró que, a raíz de resoluciones de impugnación, otras personas aspirantes pueden ser sumadas al proceso, lo que aumentaría el número de participantes.
Acompañado de diputadas y diputados federales de la Ciudad de México, compartimos con los medios de comunicación los detalles de la agenda legislativa del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/dqKnyxaUes
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 25, 2025
Llamado a la acción ante el desacato del Comité de Evaluación del PJF
Monreal hizo un llamado urgente para adoptar las medidas necesarias que garanticen la continuidad del proceso de evaluación. Este es un tema que requiere atención inmediata para evitar que los derechos políticos de los participantes sean vulnerados.
En otro tema, el legislador también presentó las prioridades legislativas de la bancada para el inicio del nuevo periodo de sesiones. Dijo que ya se está llevando a cabo un análisis exhaustivo de más de 73 leyes que deberán modificarse o crearse. Este reto surge a raíz de las reformas constitucionales aprobadas previamente.
El líder parlamentario subrayó que, en la primera sesión ordinaria del 1 de febrero, se discutirá la minuta de reforma a la Ley del Infonavit. Mientras tanto, la propuesta sobre la prohibición de maíces transgénicos se turnará a comisiones para su dictamen. También se analizarán otras iniciativas clave, como la reforma constitucional en materia de reelección, la Ley contra el nepotismo, y otras relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas y la seguridad pública.
