La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que será la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la encargada de investigar y determinar si Iván Olmos tiene alguna responsabilidad en las irregularidades detectadas en Birmex.
Este caso ha generado atención debido a las acusaciones de mala gestión y posibles actos de corrupción en la empresa estatal dedicada a la producción y distribución de medicamentos.
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En espera de un informe preliminar del caso Birmex
En la conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum subrayó que la Secretaría Anticorrupción ya está tomando medidas para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos.
“Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva y que se deslinden responsabilidades”, afirmó la mandataria.
El caso Birmex es uno de los varios que han puesto a prueba las políticas de transparencia y rendición de cuentas del actual gobierno.
Se espera que en los próximos días la Secretaría Anticorrupción emita un informe preliminar sobre el caso, lo que podría arrojar más luz sobre las irregularidades detectadas y las posibles implicaciones legales para los involucrados.
Birmex y los casos de corrupción
El caso de corrupción en Birmex, que involucra un sobrecosto de 13 mil millones de pesos en la compra de insumos médicos, puso en el centro de atención a Iván de Jesús Olmos, director de la empresa estatal desde octubre de 2024.
Según las investigaciones preliminares, las irregularidades incluyen la adjudicación de contratos a proveedores que no ofrecieron los mejores costos, lo que generó sospechas de corrupción en el proceso de licitación.
El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, explicó que los productos involucrados aún no se han entregado a las instituciones de salud, lo que permite pausar las compras mientras se realizan las investigaciones.
Además, varios funcionarios de Birmex fueron separados de sus cargos como medida preventiva.
Sanciones a los responsbles
La presidenta Sheinbaum señaló que la Secretaría Anticorrupción será la encargada de determinar si hubo actos ilícitos por parte de Olmos u otros funcionarios.
De confirmarse las irregularidades, los responsables podrían enfrentar sanciones administrativas y penales.
Este caso subraya la importancia de la transparencia en la gestión de recursos públicos y plantea preguntas sobre la supervisión en las adquisiciones gubernamentales.
Se espera que las investigaciones arrojen más luz sobre las responsabilidades individuales y las medidas necesarias para prevenir futuros casos de corrupción.
