La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó su postura a favor de la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, una iniciativa que busca vincular cada línea telefónica con la Clave Única de Registro de Población (CURP), con el objetivo de reforzar la seguridad pública.
Sheinbaum Pardo explicó que la medida responde a la necesidad de combatir delitos como la extorsión y el secuestro, los cuales, según el gobierno, se ven facilitados por el uso de chips de telefonía adquiridos sin registro previo.
La mandataria enfatizó que la delincuencia se aprovecha de la falta de regulación en la compra de tarjetas SIM, lo que permite el uso de líneas anónimas para actividades ilícitas.
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Implementación y Controversia
El Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, será el encargado de gestionar la base de datos de usuarios registrados.
La propuesta señala que los operadores móviles solo activarán líneas telefónicas si están previamente registradas con la CURP, y aquellas sin usuario identificado se eliminará de baja automáticamente.
Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos digitales, quienes advierten que la medida podría incrementar los riesgos de privacidad y facilitar el acceso indebido a datos personales.
Experiencias previas, como el fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), han demostrado que bases de datos masivas pueden ser vulneradas y utilizadas con fines ilícitos.
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Seguridad vs. Privacidad
A pesar de las preocupaciones, Sheinbaum ha asegurado que el registro respetará los derechos humanos y que su implementación será transparente.
No obstante, expertos en telecomunicaciones han señalado que el registro de líneas telefónicas no garantiza una reducción efectiva de la delincuencia y que existen métodos alternativos para mejorar la seguridad sin comprometer la privacidad de los ciudadanos.
La propuesta aún debe pasar por el proceso legislativo antes de su aprobación definitiva. Mientras tanto, el debate sobre la seguridad y la protección de datos sigue en el centro de la discusión pública.
