Conversar no cuesta, democratizar es lo que desempodera
Por Renán Martínez Casas
El pasado viernes concluyeron los conversatorios organizados por el Senado sobre la iniciativa presidencial de contrarreforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Me parece necesario decirlo con todas sus letras: no encuentro un solo motivo para ser optimista respecto a sus resultados.
Seamos claros: la ley vigente fue producto de un momento político singular, de una alternancia en el marco del neoliberalismo y una democracia joven y accidentada, sí, pero aún viva. El regreso priista al poder, con su necesidad de legitimarse, promovió una serie de reformas estructurales que profundizaban los cambios de las décadas previas. En ese contexto, la ley actual –aunque no perfecta– fue una de las pocas donde las demandas históricas de la sociedad civil organizada encontraron eco real.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo sorprendió incluso a los especialistas por recoger causas de larga data –el derecho a la comunicación, el fortalecimiento de los medios públicos, el reconocimiento legal de las radios comunitarias, entre otras– que habían sido luchadas con constancia y perseverancia e incluso vidas.
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La discusión en el Senado fue amplia, diversa, apasionada. No quedó sector fuera del debate. Participaron expertos, colectivos ciudadanos, periodistas, medios, académicos. Fue un momento excepcional, con disputas intensas, sí, pero también con una incidencia real de la sociedad civil. Hubo un reconocimiento de que las decisiones sobre las telecomunicaciones y la radiodifusión eran también decisiones sobre la democracia.
Contrarreforna regresiva
¿Y hoy? Hoy estamos en otra historia. Lo que ahora se discute es una iniciativa de contrarreforma regresiva que ya fue aprobada sin un solo cambio en comisiones del Senado, impulsada por un gobierno de continuidad populista, autocrático e iliberal. Un gobierno que, en su afán de concentrar el poder, va desmontando una a una las instituciones surgidas de ese experimento neoliberal democrático que, aunque insuficiente, al menos intentaba mantener contrapesos.
¿Recuerdan ustedes el IFT? El órgano regulador independiente que durante años fue ejemplo internacional de profesionalismo y eficacia en su ramo. Pues bien, ese organismo fue ya eliminado por este régimen en su anterior administración. Hoy sobrevive apenas como una sombra en una etapa de transición indefinida. Esa ha sido ya su victoria estratégica: desarticular los mecanismos de control institucional autónomo y colegiado y sustituirlos por entes que responden exclusivamente al poder central.
Desde esa lógica de concentración y control discrecional, los conversatorios que acaban de terminar no fueron otra cosa que un ejercicio acotado de escucha sin diálogo. No fueron espacios de deliberación, sino rituales impuestos a regañadientes por la fuerza de la crítica pública y el rechazo ciudadano a una iniciativa redactada de espaldas a la experiencia técnica, a la comunidad usuaria y a la sociedad.
Conversatorios: Escucha sin diálogo
Un dato demoledor: según un análisis de la periodista Patricia Robles de la Rosa, de unas 500 propuestas presentadas por escrito durante estos conversatorios, los artículos 3 y 8 son los más mencionados como indispensables de modificar. El 3, por referirse al glosario, revela que ni siquiera queda claro a qué se refieren los autores en los conceptos básicos de la iniciativa. Y el 8, más grave aún, se refiere a las atribuciones de la llamada Agencia de Transformación Digital, que, además, ha concentrado el 70% de las preocupaciones manifestadas verbalmente en las sesiones públicas. Lo que ahí se plantea no es una modernización institucional, sino una concentración autoritaria del poder regulatorio del sector en un solo órgano, bajo control presidencial.
¿No les parece alarmante? ¿No es eso, en el fondo, un síntoma más del avance autoritario que vive nuestro país en múltiples frentes?
Silencio sobre injerencia en radios comunitarias
A pesar de las críticas, la titular del Ejecutivo ha cedido poco o nada. Sobre el otorgamiento de concesiones, ha sugerido que podrían ser decididas por un órgano colegiado de cinco integrantes, lo cual suena bien hasta que uno ve que todos ellos serían propuestos por la propia presidencia. ¿Dónde está la autonomía entonces? Sobre las radios comunitarias, el senador Javier Corral ha querido hacer de bombero político: propone que puedan vender publicidad a los comercios de sus pueblos. Sin embargo, nada se dice del intento de injerencia del gobierno para determinar quién puede o no formar parte de los colectivos concesionarios.
¿Y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil? La necedad. Ni una concesión pese al fracaso jurídico y técnico que ya fue en su momento.
Pero quizás lo más doloroso y a la vez revelador es que mientras se aprueba esta iniciativa, los trabajadores del IFT, ese órgano ejemplar en su momento, carecen hoy de garantías laborales. No saben si su empleo continuará más allá de las sempiternas promesas huecas de “cumplir con la ley”. Así se cierra el ciclo: se destruye una institución profesional y se reemplaza por el desorden corrupto y corruptor de un aparato improvisado, centralista y autoritario.
Ley solo con cosmética
Las propuestas surgidas de los conversatorios –forzadamente generales por diseño– pasarán ahora a ser procesadas como reservas por los asesores de algunos senadores. Luego volverán a comisiones, donde podrían ser ajustadas para dar la apariencia de un consenso, y finalmente llegarán al pleno. Pero sabemos cómo termina esta historia: el partido hegemónico, respaldado por la voluntad presidencial, impondrá su mayoría, y la ley será aprobada con modificaciones cosméticas. La oposición hará su defensa testimonial, y el trámite legislativo será tan vertiginoso como predecible.
No importa cuántas reservas se presenten ni cuántas voces se levanten: lo que ocurrió no fue un debate democrático, sino una simulación autoritaria. Y lo que está en juego no es sólo una ley, sino la concepción misma de lo público, lo privado, de nuestros derechos y las obligaciones del Estado.
Muchos pueden pensar que exagero. Pero basta mirar a nuestro alrededor: el sector educativo, el de salud e incluso el Poder Judicial. En todos ellos hemos visto cómo las estructuras institucionales se desmontan para dar paso a modelos de control discrecional, opacos, incapaces de dar respuestas reales a las necesidades sociales. El sector de telecomunicaciones y radiodifusión no será la excepción.
Conversatorios: retroceso
Los conversatorios, con todo y sus límites, dejaron claro que existe un amplio consenso en favor de una ley mejor, más democrática, más inclusiva, más moderna. Pero lo que nos propone el oficialismo no va en esa dirección. Va justo en la contraria: es una contrarreforma regresiva que debilita los derechos, socava los contrapesos y promueve el avance autoritario del Estado sobre un sector estratégico.
Lo digo sin ambages: conversar no cuesta, pero democratizar es lo que desempodera. Esa es la convicción profunda que atraviesa esta reforma. Y por eso mismo, debemos resistirla. Porque en la palabra, en el disenso, en el debate público abierto, radica la posibilidad de reconstruir una democracia, una forma de vivir juntos en paz y armonía.
