¿Está desahuciado el IMSS?
Las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han vuelto a exhibir una crisis acumulada durante décadas. Las demandas de medicamentos, equipo, plazas suficientes y mejores condiciones laborales describen problemas que afectan tanto a quienes trabajan en la institución como a millones de personas que dependen de sus servicios. Las movilizaciones son un signo visible de un deterioro más profundo: revelan la distancia entre las necesidades del instituto y la capacidad del gobierno para atenderlas, pero también permiten examinar las prioridades políticas que han contribuido a esta situación.
El IMSS es una de las instituciones sociales más importantes de México. Para millones de familias representa la posibilidad de recibir atención médica, acceder a tratamientos especializados y enfrentar enfermedades cuyo costo sería prohibitivo en el mercado privado. Su deterioro compromete una de las principales conquistas sociales del país y golpea especialmente a quienes carecen de alternativas para atenderse fuera de los servicios públicos.
Una enfermedad de larga evolución
Desde las últimas décadas del siglo pasado, los gobiernos priistas incorporaron nuevos sectores de población a los servicios de salud sin ampliar proporcionalmente la infraestructura y la capacidad de atención. La masificación incrementó la presión sobre hospitales y clínicas. Las administraciones posteriores heredaron esa estructura y tampoco corrigieron sus deficiencias de fondo; por el contrario, las agravaron.
El envejecimiento demográfico, el aumento de las enfermedades crónicas y las necesidades de una población creciente elevaron los costos de atención. Entretanto, las carencias de personal, equipamiento e infraestructura se acumularon, mientras la demanda de servicios especializados crecía y los padecimientos requerían tratamientos más prolongados y costosos.
Según la OCDE, México destinó el equivalente al 5.9 por ciento del PIB al gasto total en salud, frente al promedio de 9.3 por ciento de sus países miembros. El gasto por habitante también muestra una diferencia considerable: 1,588 dólares ajustados por poder adquisitivo en México, frente a 5,967 dólares en promedio entre los miembros de la organización.
El Seguro de Enfermedades y Maternidad del IMSS, además, arrastra déficits desde hace aproximadamente dos décadas. Un análisis de Expansión Política estimó que su desequilibrio alcanzaría 175 mil 585 millones de pesos al cierre de 2026.
El régimen conoce la dimensión del desafío, pero privilegia la administración de las urgencias y las soluciones parciales. Sus prioridades políticas están lejos de la reconstrucción sanitaria que México necesita.
Medicamentos, equipo y personal
La falta de medicamentos y materiales es una de las expresiones más visibles del deterioro. Una receta incompleta significa altos gastos imprevistos, interrupciones de tratamientos y complicaciones médicas. Para los trabajadores, atender pacientes sin los insumos necesarios limita su capacidad profesional y convierte tareas ordinarias en una sucesión de obstáculos.
El problema requiere compras eficientes, previsión de la demanda, distribución oportuna y controles que garanticen que los productos lleguen a quienes los necesitan. Comprar medicamentos no equivale a entregarlos al paciente. Tampoco basta con resolver una compra de emergencia si las fallas de abastecimiento vuelven a aparecer por deficiencias de planeación, almacenamiento o distribución.
Las carencias de personal agravan la situación. Una clínica puede tener consultorios y equipo, pero su capacidad depende de contar con médicos, enfermeras y técnicos suficientes en cada turno. Las plazas vacantes, la sobrecarga laboral y la distribución desigual de especialistas están afectando seriamente la atención oportuna y aumentan la presión sobre quienes permanecen en servicio.
Salarios, estabilidad laboral, cargas de trabajo, seguridad e incentivos territoriales son indispensables para atraer y retener profesionales. Las dificultades para cubrir plazas rurales y de difícil acceso requieren una política específica que contemple remuneraciones adecuadas, vivienda, equipamiento y oportunidades de desarrollo profesional.
Las brigadas de médicos cubanos en condiciones de contratación cuestionables pueden cubrir algunas necesidades inmediatas, pero no sustituyen una política permanente de formación, contratación y retención de médicos mexicanos. La contratación extranjera no resuelve las deficiencias estructurales que dificultan el ejercicio profesional en comunidades apartadas. Un sistema sanitario sólido necesita desarrollar sus propias capacidades y ofrecer condiciones que permitan a sus profesionales permanecer en los lugares donde más se les necesita.
Hospitales que necesitan algo más que reparaciones
El IMSS requiere una rehabilitación integral de sus instalaciones. Quirófanos, sistemas eléctricos e hidráulicos, elevadores, climatización, equipos de diagnóstico y redes de gases medicinales necesitan mantenimiento preventivo y renovación. Las reparaciones aisladas no sustituyen la recuperación de instalaciones cuyo deterioro compromete la seguridad, la eficiencia y la continuidad de los servicios.
Hemos visto cómo el mantenimiento se aplaza, cómo una falla relativamente menor provoca la suspensión de procedimientos, el traslado de pacientes o la inutilización de espacios completos. Por eso, la institución necesita diagnósticos técnicos actualizados, prioridades definidas según los riesgos clínicos y presupuestos multianuales que permitan intervenir antes de que los problemas se conviertan en emergencias.
A ello se suma la construcción de nuevos hospitales. Los anuncios presidenciales de ampliación de infraestructura no compensan automáticamente las carencias acumuladas. Cada hospital requiere personal, medicamentos, equipamiento, mantenimiento y presupuesto operativo durante décadas. Inaugurar edificios produce imágenes artificialmente virales; sostenerlos exige la planeación, los recursos y la capacidad administrativa que el régimen ha demostrado, una y otra vez, en uno u otro sector, que no está dispuesto a garantizar.
También es indispensable ampliar las clínicas de primer nivel, fortalecer la medicina familiar y desarrollar programas permanentes de prevención. Detectar enfermedades a tiempo y controlar los padecimientos crónicos permite reducir complicaciones y aliviar la presión sobre los hospitales. Una política sanitaria que concentra sus esfuerzos en la atención hospitalaria termina pagando más por enfermedades que pudieron prevenirse o tratarse oportunamente.
Ciencia y tecnología para el futuro
La reconstrucción debe fortalecer la investigación clínica, epidemiológica y biomédica, renovar los centros científicos y formar especialistas. México necesita desarrollar conocimientos y tecnologías propios, adaptados a sus necesidades sanitarias, en lugar de depender excesivamente de soluciones producidas en otros países.
La investigación médica del IMSS requiere instalaciones adecuadas, equipos modernos, financiamiento estable y carreras profesionales que permitan retener a investigadores experimentados. Sus resultados no siempre se traducen en beneficios inmediatos, pero determinan la capacidad futura para mejorar diagnósticos, desarrollar tratamientos y evaluar qué tecnologías producen mejores resultados para los pacientes.
La modernización tecnológica debe incluir equipos de diagnóstico, cirugía y laboratorio, expedientes clínicos interoperables, telemedicina y sistemas eficientes de citas, referencias y trámites. La tecnología puede reducir desplazamientos y tiempos de espera, especialmente en regiones con menor disponibilidad de especialistas. Sin capacitación, conectividad y mantenimiento, las adquisiciones terminan convirtiéndose en otra fuente de gasto improductivo.
El dinero y las prioridades políticas
La transformación del IMSS exige una inversión extraordinaria sostenida durante muchos años. No basta aumentar el presupuesto anual: se necesita financiar simultáneamente la operación, la rehabilitación de instalaciones, la expansión de servicios, la investigación y las obligaciones futuras.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ha documentado las limitaciones del financiamiento público de la salud. El problema rebasa la disponibilidad de recursos de un solo ejercicio fiscal. Requiere establecer prioridades, calcular necesidades futuras y sostener inversiones cuyos resultados se acumularán durante décadas.
El régimen privilegia otros objetivos. La austeridad se presenta como principio general mientras se comprometen cantidades extraordinarias en grandes obras públicas, cuestionadas por sus costos, eficiencia y utilidad social. Cada decisión presupuestaria expresa prioridades políticas, y las consecuencias de postergar inversiones sanitarias recaen sobre trabajadores y pacientes.
La reconstrucción también exige modificar la organización operativa. El centralismo dificulta adaptar recursos y servicios a las necesidades de cada región cuando las decisiones se concentran lejos de las unidades médicas. Se necesitan coordinación nacional, capacidad operativa local, evaluación independiente y mecanismos que permitan distribuir recursos según la demanda y las condiciones de cada territorio.
Administrar el descontento
La respuesta gubernamental ha consistido en negociar con los trabajadores y anunciar medidas para atender las deficiencias operativas del instituto. El 19 de octubre, Claudia Sheinbaum reconoció que el IMSS continúa utilizando procedimientos administrativos de hace cuatro décadas y anunció un proyecto para digitalizar y automatizar sus almacenes, mediante la participación de ingenieros mexicanos y personal especializado del propio gobierno. También instruyó a Zoé Robledo a revisar los gastos operativos que podrían reducirse sin afectar los servicios médicos, con el propósito de mejorar la propuesta salarial. Para ello, anunció una revisión conjunta con la Secretaría de Hacienda. La presidenta confirmó, además, que la permanencia de Robledo al frente del instituto no estaba en duda.
Las medidas anunciadas abren una nueva etapa de negociación, pero todavía están pendientes sus resultados concretos. La digitalización de los almacenes podría contribuir a mejorar el control de existencias y la distribución de medicamentos, aunque sus efectos dependerán de su ejecución y de que se atiendan también las deficiencias de abastecimiento, personal, infraestructura y equipamiento. Hasta ahora, el gobierno ha anunciado revisiones administrativas y ajustes presupuestarios, sin presentar un programa integral de reconstrucción del IMSS con financiamiento multianual, metas verificables y plazos para resolver sus carencias estructurales.
La movilización del 21 de octubre confirmó que la nueva oferta salarial tampoco resolvió el conflicto. Los trabajadores disidentes rechazaron el incremento global de 8 por ciento —integrado por 4 por ciento al salario tabular y otro 4 por ciento como ayuda para vivienda— y anunciaron una nueva marcha nacional para el viernes 30 de octubre. Para el día siguiente convocaron a una asamblea constituyente con el propósito de definir la organización del movimiento. La continuidad de las protestas mantiene abierto el conflicto mientras las autoridades buscan una salida mediante negociaciones y medidas operativas.
El costo de dejar pasar el tiempo
Recuperar el IMSS equivale a una refundación institucional: renovar infraestructura, capacidades médicas, investigación, tecnología, organización territorial y financiamiento. Es una tarea que requiere planeación rigurosa y compromisos sostenidos durante varios periodos de gobierno. También exige transparencia, evaluación pública y capacidad para corregir decisiones equivocadas.
El proyecto tendría que formar parte de un régimen democrático de reconstrucción, con prioridades presupuestarias distintas, autonomía técnica y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. El gobierno de la transformación no garantiza una política sanitaria de esa naturaleza ni ofrece mejores condiciones para exigir explicaciones, revisar decisiones y someter el uso de los recursos públicos al escrutinio ciudadano.
El IMSS conserva profesionales, experiencia e instalaciones que sería absurdo desperdiciar. Precisamente por eso, su deterioro resulta tan grave. Cada año de inversión insuficiente e improvisación encarece la recuperación y reduce la capacidad de respuesta de una institución de la que dependen millones de personas.
El desahucio no significa que mañana dejará de abrir sus puertas. Significa que, sin un cambio radical de prioridades, puede seguir funcionando mientras pierde progresivamente la capacidad de cumplir la promesa social que le dio origen. Las protestas de sus trabajadores tienen un sentido que rebasa el conflicto laboral: son la expresión visible de una institución que conserva su importancia social mientras se debilitan las condiciones materiales para cumplir su misión. El deterioro del IMSS revela las consecuencias de un régimen que administra las urgencias y posterga la reconstrucción. Mientras esa orientación se mantenga, una institución indispensable para millones de mexicanos podrá sobrevivir administrativamente mientras el Estado abandona las condiciones necesarias para garantizar su funcionamiento.
Comprender los signos de una crisis permite reconocer lo que está en juego y discutir las decisiones que pueden cambiar su rumbo. Si desea, puede conocer más de este espacio de análisis periodístico independiente en Ko-fi: https://ko-fi.com/renanmartinezcasas. Echemos raíces juntos.
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