Diversas organizaciones empresariales expresaron su firme rechazo a la propuesta del director del Infonavit, Octavio Romero, que busca regularizar viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra a precios subsidiados.
Según los firmantes (Coparmex, Concamin, CANACO CDMX, AMIB, COMCE y CNET) esta iniciativa representa una amenaza al marco legal del Infonavit y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo.
Riesgo para el patrimonio de los trabajadores
Las organizaciones señalan que el Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, “no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen”.
Apuntaron que, de las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843 mil -con una inversión de 700 millones de pesos-, 86% de estas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios.
“Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente”, advirtieron.
Postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobe viviendas invadidas
Durante una conferencia celebrada este miércoles 18 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que «la propiedad privada está resguardada» y que el Estado no busca despojar a legítimos propietarios.
Las organizaciones valoran estas declaraciones, pero exigen acciones claras por parte del Infonavit que eviten avances hacia la institucionalización de la ocupación ilegal.
Crisis de gestión y morosidad en el Infonavit
Desde 2015, el Infonavit enfrenta una crisis de gestión: el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024.
Y si se consideran los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32 por ciento.
Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados presenta incumplimientos de pago.
Lejos de corregir esta situación, los empresarios critican que se proponga beneficiar a invasores, incluso cuando las viviendas en cuestión no son propiedad del Infonavit, sino parte del patrimonio de acreditados en cumplimiento o con rezagos.
“Esto representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país”, afirmaron las organizaciones en un comunicado conjunto.
Exigen respeto al marco legal y a los trabajadores
Así, los firmantes de este posicionamiento exigieron que la Asamblea del Infonavit detenga cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y recordaron que sólo instancias como la Sedatu o la Conavi pueden atender a población no afiliada.
Instituciones fuertes, patrimonio protegido
El sector empresarial hizo un llamado a fortalecer las instituciones y garantizar que se actúe con transparencia, legalidad y responsabilidad.
“México necesita instituciones fuertes, que operen con responsabilidad, legalidad y transparencia. En el sector empresarial, seguiremos alzando la voz para garantizar que el patrimonio de los trabajadores se respete y que el Estado actúe siempre dentro del marco de la ley”, agregaron.
Firmantes:
Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB)
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX)
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN)
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A. C. (COMCE)
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET)
