Amordazada y perseguida
Signos y sentidos
Por Renán Martínez Casas
L a libertad de expresión en México está amordazada y es perseguida. Esto no es una distopía literaria, es la realidad que enfrentan hoy periodistas y ciudadanos. Los casos de la Ley de Ciberasedio en Puebla y la persecución judicial contra el periodista Jorge Luis González Valdez en Campeche no son incidentes aislados. Son piezas de un rompecabezas que revela el avance sistemático del régimen de la erosión de la libertad de expresión en México, un pilar fundamental de cualquier democracia. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿hasta dónde estamos dispuestos a permitir que se nos silencie?
La amenaza
En Puebla se aprobó la Ley de Ciberasedio que tipifica como delito el uso reiterado de plataformas digitales para “insultar, ofender, agraviar o vejar” y se le castiga con penas de hasta tres años de prisión. Se ha dicho que es una medida para proteger a las víctimas de acoso digital, especialmente a menores. Pero ¿no les parece sospechoso que una ley tan ambigua se apruebe sin consulta ciudadana, sin debate robusto y en un estado donde el oficialismo de Morena controla el Congreso?
Organizaciones como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han alertado que la vaguedad de términos como “insultar” o “agraviar” abre la puerta a interpretaciones subjetivas. ¿Quién decide qué es una ofensa? ¿Un funcionario molesto por una crítica? ¿Un juez alineado con el poder? Esta falta de claridad jurídica es un arma de doble filo que puede usarse para castigar a periodistas, activistas o cualquier ciudadano que critique al gobierno. La posibilidad de eliminar contenido digital sin revisión judicial refuerza esta preocupación. Imaginen ustedes, publicar un tuit o un post crítico sobre una licitación irregular y enfrentar una denuncia por “ciberasedio”. ¿No les parece un retroceso alarmante y peligroso?
La libertad de expresión está en riesgo cuando las leyes se convierten en herramientas de censura. En un país como el nuestro, que ocupa el lugar 124 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, esta reforma no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que busca limitar el escrutinio público. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿qué sigue? ¿Prohibirán también las protestas en las calles bajo el argumento de “alterar el orden”?
La persecución
En Campeche, el caso de Jorge Luis González Valdez, periodista de 71 años y exdirector del diario Tribuna, es aún más alarmante. Vinculado a proceso por “incitación al odio y a la violencia” contra la gobernadora Layda Sansores, González Valdez enfrenta una prohibición de ejercer el periodismo, el cierre de su medio y una multa millonaria. ¿Su delito? Publicar críticas sobre la gestión de Sansores, quien lo acusó de atacarla por su condición de mujer. Pero ¿es un delito cuestionar el manejo de recursos públicos? ¿Es incitar al odio señalar irregularidades?
La SIP y la Red de Periodistas de Campeche han denunciado este caso como un claro ejemplo de persecución política. La detención violenta de González Valdez, su vigilancia previa y la intervención de la Consejería Jurídica estatal en la denuncia de la gobernadora son muestras de una justicia sesgada, al servicio del poder. Que a un periodista con cinco décadas de trayectoria se le trate como criminal por hacer su trabajo es una afrenta no solo a él, sino a todos los que creemos en la prensa libre.
Además, el cierre de Tribuna y la prohibición de ejercer el periodismo son medidas desproporcionadas que violan los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana que establecen los derechos a la libertad de expresión y de imprenta respectivamente. ¿No les parece que esto huele a revancha política? En un estado donde cinco periódicos han cerrado desde que Sansores asumió el poder, el mensaje es claro: criticar al gobierno tiene un costo. Pero ¿vamos a aceptar que se nos imponga el silencio?
El patrón: la erosión de la democracia
Estos casos, aunque ocurren en estados diferentes, no son aislados. Son manifestaciones de un avance autoritario que busca controlar las narrativas y suprimir el pensamiento crítico. En Puebla, la Ley de Ciberasedio criminaliza la crítica en redes sociales; en Campeche, el Poder Judicial se usa para castigar a un periodista. Ambos casos reflejan un temor a la verdad y un intento de consolidar el control mediante la censura. ¿No les preocupa que estas acciones se normalicen?
La retórica oficialista de Morena, que justifica estas medidas como protección a la ciudadanía, no resiste el escrutinio. En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta propone foros ciudadanos tras la polémica, pero la presidenta del Congreso descarta derogar la ley. En Campeche, Sansores defiende su denuncia como un acto de justicia personal, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum minimiza el caso al afirmar que la libertad de expresión está garantizada. ¿Garantizada para quién? No para González Valdez ni para los periodistas que temen represalias, ni para los ciudadanos o colegas que dudan antes de publicar un comentario crítico.
Este patrón de represión recuerda prácticas proto fascistas: el uso del poder estatal para acallar disidencias, la cooptación de instituciones judiciales y la creación de un ambiente de autocensura. México, con su historial de violencia contra periodistas (más de 150 asesinados desde 2000), no puede permitirse este retroceso. La democracia se erosiona cuando se silencia a quienes fiscalizan al poder. ¿Estamos dispuestos a vivir en un país donde disentir es un delito?
Un llamado a la resistencia
Como periodista que ha sido objeto del acoso de los poderosos intolerantes a la libertad expresión, pero, sobre todo, como ciudadano común defensor de la libertad de expresión, me solidarizo profundamente con los colegas que, día a día, arriesgan su integridad para informar y que enfrentan hostigamiento. Como alguien que valora el pensamiento libre y crítico, me preocupa el avance de medidas que, bajo la fachada de proteger, buscan controlar.
También me dirijo a ustedes, amigos lectores, porque esta lucha no es sólo de los periodistas; es nuestra, de todos. Cada publicación censurada, cada medio cerrado, cada voz silenciada nos afecta a todos, limita nuestro derecho a la información. La libertad de expresión no es un lujo; es la base de una sociedad libre, en donde las ideas se debaten y la verdad se busca sin miedo.
Debemos resistir activa y pacíficamente, informarnos, compartir, denunciar estos y todos los casos, exigir transparencia y apoyar a los medios independientes. En Puebla, debemos demandar la derogación de la Ley de Ciberasedio o, al menos, su revisión con participación ciudadana. Mientras que, en Campeche, debemos respaldar los amparos de González Valdez y presionar por una justicia imparcial. En todo México, debemos rechazar cualquier intento de normalizar la censura.
¿Qué país queremos dejar a las próximas generaciones? ¿Uno donde el miedo al castigo limite nuestras palabras o uno donde la crítica y el debate fortalezcan nuestra democracia? La respuesta está en nuestras manos. Apoyemos a los periodistas, defendamos la libertad de expresión y resistamos juntos la mordaza digital. Porque cuando una voz es silenciada, todas lo son.
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