Ocho entidades concentran más de dos terceras partes de las extorsiones denunciadas en México, según cifras presentadas por autoridades del gabinete federal de Seguridad.
El dato presentado este sábado encendió las alarmas del gobierno federal, que anunció el despliegue inmediato de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una política integral diseñada para contener un delito que afecta cada vez más a comunidades, empresas y autoridades locales.
De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las entidades que presentan el mayor número de carpetas de investigación por extorsión son el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, que en conjunto representan 66 por ciento de las denuncias acumuladas en el país.
“No se trata sólo de cifras: son vidas alteradas, negocios amenazados y comunidades enteras sometidas al miedo”, afirmó García Harfuch al presentar la nueva estrategia durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
Acciones concretas
La estrategia contempla una serie de acciones específicas coordinadas entre dependencias federales, fiscalías locales y autoridades penitenciarias. Entre ellas destacan:
- Integración de Unidades Antiextorsión estatales, con el apoyo de las fiscalías generales
- Detenciones selectivas sustentadas en inteligencia criminal y análisis de patrones
- Operativos aleatorios en centros penitenciarios para desarticular redes que operan desde el interior
- Bloqueo masivo de líneas telefónicas y cuentas bancarias vinculadas a extorsiones
- Campañas de prevención y orientación ciudadana, con énfasis en sectores vulnerables como comerciantes, transportistas y agricultores
- Fortalecimiento del número 089 como canal anónimo de denuncia y atención especializada
El despliegue de esta estrategia se acompañará por mesas de trabajo regionales y una reunión nacional de fiscales prevista para agosto, en la que se establecerá un mecanismo común de información, atención y judicialización de casos.
Coordinación institucional
Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia forman parte del esfuerzo conjunto que, según autoridades, busca “desmantelar redes de extorsión y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones”.
La SSPC enfatizó que, si bien el fenómeno se ha diversificado -incluyendo extorsiones virtuales, cobro de piso y amenazas por mensajes digitales-, el componente penitenciario sigue siendo uno de los focos prioritarios de intervención.
Con esta iniciativa, el gobierno de México busca responder a uno de los delitos de mayor impacto social, con un enfoque que combina persecución penal, prevención comunitaria y recuperación institucional.
