RSF exige acciones concretas ante la violencia contra la prensa
La protección a periodistas sigue pendiente de resultados verificables. Tras reunirse con el director general de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Thibaut Bruttin, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comprometió a continuar el trabajo para cumplir los compromisos gubernamentales en materia de libertad de prensa.
El encuentro, efectuado el 21 de octubre, abordó la prevención de agresiones, el fortalecimiento de los mecanismos de protección y la necesidad de impulsar cambios legales. Sin embargo, la información difundida no detalla un nuevo plan aprobado, presupuesto, calendario de ejecución ni metas verificables.
Uno de los asuntos centrales fue la elaboración de un mapa nacional de zonas de riesgo para periodistas. De acuerdo con la cobertura de la reunión, Rodríguez reconoció que México carece de ese instrumento y pidió la colaboración de RSF para desarrollarlo.
La secretaria también planteó destrabar los obstáculos que han frenado el grupo de trabajo entre el Gobierno y la organización, con el propósito de promover legislación que garantice el ejercicio periodístico. No se precisaron fechas para reactivar el mecanismo ni las propuestas legislativas que se impulsarían.
Sin esclarecer por completo 168 asesinatos contra periodistas
El contexto de la reunión es una crisis documentada por RSF. En su balance publicado el 21 de octubre, la organización reportó 169 periodistas asesinados en México desde 2006, un promedio de ocho al año.
En 168 de los 169 casos no se ha logrado identificar al autor intelectual o esclarecer el móvil del crimen, según RSF. La organización considera que menos de 1% de estos asesinatos ha sido esclarecido por completo y reclama medidas urgentes para combatir la impunidad.
RSF también contabilizó 18 periodistas asesinados durante los dos primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum. Para la organización, la persistencia de estos crímenes evidencia que los mecanismos institucionales existentes no han logrado garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico.
El problema no se limita a la prevención. Identificar a los responsables materiales e intelectuales y esclarecer los móviles de los asesinatos resulta indispensable para romper los patrones de impunidad y evitar nuevas agresiones.
Protección a periodistas: avances insuficientes en compromisos gubernamentales
RSF evaluó los 22 compromisos en materia de protección a periodistas y libertad de prensa que Sheinbaum firmó durante su campaña presidencial en 2024. Su balance identificó algún grado de avance en seis: cinco fueron calificados como insuficientes y uno recibió una valoración positiva.
Otros diez compromisos no mostraron avances sustantivos verificables, dos registraron retrocesos institucionales y cuatro no contaron con información suficiente para evaluar su cumplimiento. La organización advirtió que los avances puntuales no representan todavía un cambio sustancial en las condiciones de seguridad de la prensa.
El mapa nacional de zonas de riesgo propuesto en la reunión podría ayudar a identificar regiones con mayores amenazas y orientar medidas preventivas. Sin embargo, no se anunció un calendario para elaborarlo ni los recursos que tendría asignados.
Gobernación señaló que Rodríguez rechazó la censura y reiteró el compromiso del Estado con las libertades de expresión y prensa. También sostuvo que la dependencia mantiene coordinación con las entidades federativas para impulsar reformas legales y fortalecer la prevención y atención de riesgos.
No obstante, las declaraciones oficiales no precisaron qué reformas se promoverán, cómo se resolverán los obstáculos del grupo de trabajo ni qué medidas nuevas se pondrán en marcha. La reanudación del diálogo representa un paso institucional, pero no acredita por sí misma avances en protección o justicia.
En la reunión participaron el subsecretario de Gobernación, César Yáñez; Ruth Zenteno, fiscal especial de la Fiscalía General de la República para Delitos contra la Libertad de Expresión; funcionarias del área de protección de derechos humanos y representantes de RSF para América Latina.
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