La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra en espera de la deportación del boxeador Julio César Chávez Jr. desde Estados Unidos para proceder con su judicialización por presuntos vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas, informó el fiscal general Alejandro Gertz Manero en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El hijo del legendario pugilista fue detenido el pasado 2 de julio en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tras haber excedido la vigencia de su visa de turista y falsear información en su solicitud de residencia permanente.
Las autoridades estadunidenses lo consideran una “grave amenaza para la seguridad pública” y lo vinculan con el Cártel de Sinaloa.
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El expepdiente de Julio César Chávez Jr.
Gertz Manero explicó que la FGR cuenta con una orden de aprehensión emitida desde 2023 y una carpeta de investigación abierta desde 2019.
El expediente se basa en intervenciones telefónicas y testimonios de integrantes del crimen organizado, que señalan a Chávez Jr. como presunto “ajustador de cuentas” bajo órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, exjefe de escoltas de “Los Chapitos”.
“Todo nuestro personal está listo. Lo vamos a judicializar en cuanto llegue. El abogado ha presentado una serie de amparos improcedentes. Estamos a que se lleve a cabo la audiencia que el propio Gobierno de los Estados Unidos señaló para que lo puedan deportar en forma inmediata.
“Parece que ayer hubo una cierta confusión porque había dos audiencias: una por unos delitos anteriores que estaban en investigación y la otra que es la de la deportación. La que nos va a dar información más certera es la (audiencia) de la deportación. Resultó que el lunes ni una u otra audiencia se hizo”, señaló.
En espera de las audiencias
El proceso de deportación ha enfrentado retrasos. Aunque se esperaban dos audiencias en Estados Unidos el lunes 7 de julio, una por delitos previos y otra migratoria, ninguna se llevó a cabo, lo que generó incertidumbre sobre el paradero del boxeador. Su abogado declaró desconocer su ubicación.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno mexicano sigue el caso de cerca y que Chávez Jr. cuenta con asistencia consular, como lo establece la ley. No obstante, rechazó que existan pruebas concluyentes por parte de las autoridades mexicanas que lo vinculen directamente con el Cártel de Sinaloa.
La FGR reiteró que actuará conforme a derecho una vez que el pugilista sea repatriado, en un caso que generó una gran atención mediática por el perfil público del acusado y sus presuntas conexiones con el crimen organizado.
