La presión política alcanza también a anteriores administraciones del organismo electoral.
En medio de la ofensiva política del oficialismo en el Instituto Nacional Electoral (INE), el senador de Morena Higinio Martínez Miranda se sumó a la exigencia de que las investigaciones sobre posibles ilícitos en el organismo electoral no se limiten a la gestión de Guadalupe Taddei Zavala. Planteó revisar también las administraciones anteriores y dejar que la ley determine si las conductas pueden ser perseguidas o si ya prescribieron.
El pronunciamiento coincide con la postura que Morena hizo pública el 1 de noviembre. Ese día el partido oficial exigió investigar las presuntas irregularidades del pasado y del presente en el Instituto. El partido sostuvo que la salida de Taddei no debía cerrar las investigaciones ni dejar sin esclarecer posibles responsabilidades de antiguos funcionarios y proveedores.
Martínez Miranda ya había respaldado esa posición días antes. El 4 de noviembre se pronunció a favor de que las auditorías abarcaran hasta 20 años atrás, incluidos los ejercicios del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), ante la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tuviera facultades para revisar esos periodos.
«Si quieren ir al fondo, pues vayamos a fondo en todo lo que se puede», expresó el senador. Argumentó que los problemas del organismo electoral no comenzaron con la llegada de Taddei a la presidencia.
Morena busca ampliar las investigaciones sobre el INE
El legislador consideró que cualquier posible ilícito debe investigarse y sancionarse conforme a derecho, independientemente de cuándo haya ocurrido. Su planteamiento amplía el alcance temporal de las revisiones y coincide con el discurso de Morena, que ha pedido esclarecer las contrataciones y determinar quiénes autorizaron los procedimientos, qué empresas resultaron beneficiadas y si existieron irregularidades en administraciones anteriores.
La discusión se desarrolla después de que la ASF anunciara una investigación sobre contrataciones del INE y de los organismos públicos locales electorales (OPLE). El auditor informó que identificó operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026, de los cuales 3 mil 790 millones corresponden a organismos electorales locales.
La revisión abarca posibles acuerdos entre proveedores, simulación de operaciones, sobreprecios y prácticas que habrían limitado la participación de otras empresas en los procedimientos de contratación. La ASF también solicitó información a los gobiernos estatales y a los organismos electorales locales para ampliar el alcance de sus indagatorias.
Por su parte, el INE acordó presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen posibles delitos relacionados con el esquema de contrataciones bajo revisión. La denuncia busca que las autoridades ministeriales determinen si existen elementos para establecer responsabilidades penales.
Prescripción de delitos, bajo criterios legales
Martínez Miranda también se refirió a la posibilidad de que algunos hechos ya no puedan ser perseguidos legalmente debido al tiempo transcurrido. Al respecto, señaló que corresponde a la legislación establecer los plazos de prescripción y determinar cuándo se extingue la posibilidad de sancionar una conducta.
La discusión sobre las administraciones anteriores plantea, por tanto, dos asuntos distintos: la posibilidad de revisar el uso de recursos públicos de ejercicios pasados y la viabilidad jurídica de fincar responsabilidades. Una auditoría puede identificar observaciones o posibles irregularidades, pero la determinación de responsabilidades administrativas o penales corresponde a las autoridades competentes.
Podría interesarte también:
Ya hay denuncia formal del INE ante la FGR por caso Taddei
