La propuesta de aumentar la retención sobre intereses bancarios del 0.5% al 0.9% para 2026, incluida en el paquete económico, podría afectar directamente el ahorro de los sectores más vulnerables del país, advierten expertos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
La presidenta nacional del IMEF, Gabriela Gutiérrez Mora, señaló que cerca de 48 millones de personas —entre trabajadores informales (33 millones) y aquellos con ingresos bajos que no presentan declaración anual (15 millones)— no podrán acreditar el impuesto retenido sobre sus ahorros.
“La iniciativa menciona que el impuesto es temporal, pero no resulta así para todos los contribuyentes, pues hay casos en que no presentan declaración cada año”, advirtió durante la rueda de prensa mensual del organismo.
Al respecto, el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, Víctor Manuel Herrera Espinosa, fue contundente: “esta retención siempre se ha cobrado sobre el capital, sobre el monto de los ahorros, no sobre los intereses que se están pagando, y luego se acredita en la declaración del Impuesto sobre la Renta (ISR)”.
Entonces, dijo, casi 50 millones de personas se verán afectadas por una falta de recuperación de ese impuesto, que aunque era temporal, ya lleva algunos años.
Además, es una medida que inhibe el ahorro, sobre todo para la gente que aún puede ahorrar un poco, porque le van a quitar casi 1.0% de sus ahorros, ya que no van a poderlos acreditar, advirtió.
El presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales, Pedro Aguilar Domínguez, agregó que aunque la tasa propuesta es menor a la más alta registrada (1.5%), el nuevo cálculo implica un salto significativo que podría volverse permanente para muchos.
“Hay cierta parte de los ahorradores que sí pueden estar teniendo una implicación relevante en que casi te suban al doble una tasa de retención cuando se te vuelve definitiva”, explicó.
El presidente de la Ponencia IMEF 2025, Roberto Arechederra Pacheco, alertó sobre los efectos colaterales, ya que esta medida desincentiva el ahorro formal, empuja a los pequeños ahorradores hacia el uso de efectivo y frena la bancarización.
Los pequeños ahorradores, especialmente quienes no presentan su declaración, tendrían un desincentivo para mantener sus recursos en el banco
“Así, 48 millones de potenciales ahorradores podrían verse afectados pues puede ser que muchos prefieran guardar efectivo o mantenerse en esquemas informales, lo cual no abona la inclusión financiera y la educación financiera en general”, subrayó.
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Escenario macroeconómico para 2026, más confiable
Por otra parte, el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos consideró que el paquete económico 2026 plantea un escenario que, aunque con variables más realistas y confiables que en años anteriores, deja al país en una ruta preocupante en materia de deuda.
Herrera Espinosa señaló que el déficit proyectado de 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB) para el próximo año podría desencadenar una espiral de endeudamiento que comprometa la calificación crediticia de México.
«Si seguimos con déficits de 4% en 2027 y 2028, podríamos alcanzar un nivel de deuda del 60% del PIB. Eso nos pone en terreno muy peligroso, como el que llevó a Brasil y Colombia a perder su grado de inversión», alertó Herrera.
Aunque el crecimiento estimado de 1.5% para 2026 es considerado razonable por el sector privado, el panorama laboral es desalentador, precisó.
Advierten nula creación de empleos
Por otra parte, el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos apuntó que la generación de empleo formal se ha deteriorado durante cinco meses consecutivos si se le resta la incorporación de trabajadores de plataformas, lo que queda es destrucción de empleo.
“Es muy posible que la generación de empleo formal en el país sea muy cercana a cero o inclusive negativa”, alertó Herrera Espinosa.
Reforma a la Ley de Amparo, una regresión
Finalmente, sobre la reforma a la Ley de Amparo, advirtió que representa una regresión en derechos ciudadanos.
Recordó que la ley actual se hizo para evitar actos arbitrarios del gobierno, por lo cual modificarla, como se propone, deja a los ciudadanos en estado de indefensión.
Si hubo abusos en la aplicación de amparos, que se corrijan, pero no se debe retirar esa protección que tienen los ciudadanos contra posibles actos de gobierno que no procedan.
