Ante la aprobación en la Cámara de Diputados de una versión modificada de la Ley de Amparo, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció una serie de declaraciones en las que justificó los cambios aprobados, anticipó el paso al Senado y afirmó que la reforma respeta garantías constitucionales.
Durante una conferencia de prensa posterior al desenlace legislativo, la mandataria insistió en que “prácticamente es la misma propuesta que presentó el ministro Arturo Zaldívar” y reiteró que las modificaciones se ajustan a la jurisprudencia de la Suprema Corte respecto del alcance de la retroactividad en procedimientos judiciales:
“Lo que quedó en el transitorio está basado en la jurisprudencia de la Corte: qué casos se aplicará los nuevos procedimientos —incluso para asuntos ya abiertos— y en cuáles debe continuar aplicándose la ley anterior.”
Sheinbaum añadió que algunos artículos observados originalmente por el Senado, especialmente los referidos a la suspensión de permisos y concesiones, fueron corregidos por los diputados para “mantener la figura de suspensión provisional como está actualmente”.
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Explicó que estuvo en contacto con la Consejería Jurídica para garantizar que los derechos al amparo queden protegidos.
En cuanto al proceso legislativo que sigue, la jefa del Poder Ejecutivo anticipó que el dictamen pasará al Senado para su ratificación o rectificación, advirtiendo que “ya no se le haga algún cambio en la Cámara alta”.
Reconoció que los diputados hicieron ajustes puntuales que consideraron necesarios, pero sostuvo que esos cambios no implican una retroactividad “indebida”, pues el artículo transitorio quedó claro en cuanto a su aplicación parcial, conforme a la jurisprudencia de la Corte.
Reacción del Congreso y riesgos jurídicos
La aprobación en lo general de la reforma recibió 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones en la Cámara de Diputados.
El principal foco de debate fue el artículo transitorio tercero, que define cómo y cuándo aplicará la nueva ley en juicios en curso.
La reforma modifica este transitorio para “redefinir cómo se aplicará la nueva ley a los procesos judiciales que ya están en curso”.
