El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, deberá esperar hasta el viernes 21 de noviembre para conocer si obtiene la liberación anticipada de su condena de nueve años en el Reclusorio Norte.
La jueza Ángela Zamorano Herrera pospuso la decisión tras escuchar los alegatos finales de la defensa y de la Fiscalía General de la República (FGR).
| Alegatos de la FGR
En la audiencia de este miércoles, la FGR presentó testigos y documentos para sostener que Duarte no debe salir de prisión antes de tiempo. Argumentó que aún enfrenta procesos abiertos, entre ellos uno por desaparición forzada, lo que refuerza la postura de que la liberación anticipada de Javier Duarte sería un precedente riesgoso.
| La defensa insiste: procede la liberación anticipada de Javier Duarte
La defensa, encabezada por Pablo Campuzano, replicó que Duarte ha cubierto el 95% de su sentencia, acreditando buena conducta y participación en programas de reinserción social. “No hay impedimento legal para que se conceda la libertad”, afirmó el abogado, quien insistió en que la liberación anticipada de Javier Duarte es un derecho previsto en la ley.
| Antecedentes del caso
Autoridades guatemaltecas detuvieron a Duarte en ese país en 2017 y lo extraditaron a México. En 2018 se declaró culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero.
Su condena concluye formalmente en abril de 2026, pero la figura de liberación anticipada podría permitirle salir cinco meses antes. Este recurso se aplicó ya en otros muchos casos de alto perfil, aunque siempre genera debate sobre la proporcionalidad de las penas y la confianza en el sistema judicial.
| Expectativa por la posible liberación anticipada de Javier Duarte
La resolución del viernes será clave para definir si Duarte recupera su libertad o permanece en prisión hasta cumplir la totalidad de la pena.
El caso mantiene la atención pública por tratarse de uno de los procesos más emblemáticos contra exgobernadores acusados de corrupción en la última década. Analistas señalan que la decisión marcará un precedente sobre cómo se aplican los beneficios de ley en casos de corrupción política y podría influir en futuros procesos de liberación anticipada en México.
