El exgobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, consiguió una suspensión provisional que detiene, por ahora, cualquier resolución definitiva dentro del juicio político que el Congreso estatal mantiene abierto en su contra.
¿Qué ordenó la autoridad federal?
La medida fue otorgada por una jueza federal dentro del expediente de amparo 1490/2025, recurso con el que el exmandatario perredista busca impedir que la Legislatura concluya el procedimiento.
La suspensión establece que el Congreso de Morelos no podrá emitir dictamen final ni ejecutar sanciones mientras no se resuelva el juicio de amparo o, en su caso, hasta que se determine si procede una suspensión definitiva.
¿De dónde surge este juicio político?
El proceso se originó en 2020, cuando el entonces gobierno de Cuauhtémoc Blanco denunció que Ramírez había retenido recursos destinados al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) durante su administración, que abarcó de 2012 a 2018.
Sobre el exgobernador pesan múltiples señalamientos y denuncias por presuntos actos de corrupción, abusos y omisiones cometidos durante su gestión.
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¿Por qué el Congreso había retomado el procedimiento?
En octubre pasado, un tribunal colegiado ordenó a la Legislatura dar continuidad al expediente, lo que llevó a la Junta Política y de Gobierno a enviar el caso a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, instancia responsable de evaluar si la solicitud contaba con elementos para avanzar.
De acuerdo con su presidente, Daniel Martínez Terrazas, los coordinadores parlamentarios habían determinado -una vez vencido el plazo legal- que el trámite debía seguir su curso.
¿Qué efectos tiene ahora la suspensión?
Con la orden judicial, el Congreso estatal sólo podrá continuar con fases internas y tareas preparatorias, pero queda imposibilitado para emitir una conclusión o aplicar consecuencias políticas derivadas del juicio mientras no se resuelva el amparo promovido por Ramírez.
De este modo, el procedimiento queda temporalmente congelado en sus etapas decisivas, a la espera de la resolución que determine si el exgobernador podrá frenar de manera definitiva el proceso político en su contra.
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