La adquisición de material electoral para el proceso de Revocación de Mandato 2025–2026 en Oaxaca abre una nueva controversia en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), al intentar adjudicarse un contrato por 36 millones noventa mil pesos, mediante adjudicación directa realizada en días inhábiles y a un proveedor 15% más caro que otra alternativa disponible.
La diferencia entre propuestas equivale a cerca de cinco millones de pesos, recursos públicos que el Instituto decidió no ahorrar, pese a existir una oferta más económica, con experiencia comprobada y sin antecedentes de sanciones.
Muy importante destacar que el procedimiento lo impulsa ni más ni menos que por la presidenta del OPLE Oaxaca, Elizabeth Sánchez González, quien además preside el Comité de Adquisiciones y concentra la responsabilidad superior en materia administrativa y presupuestal.
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Las actuaciones administrativas se realizaron los días 24 y 25 de diciembre, fechas consideradas inhábiles conforme al calendario oficial del organismo, lo que añadió cuestionamientos sobre la regularidad del proceso.
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¿Quién perfila la adquisición?
La adjudicación se perfila a favor de Flexométrica, SA de CV, empresa sin experiencia acreditada en procesos electorales, particularmente en ejercicios de participación ciudadana de gran escala como la revocación de mandato.
De acuerdo con el expediente administrativo, el monto base del contrato asciende a 31 millones cien mil pesos, más cuatro millones novecientos mil pesos de IVA, para alcanzar los 36 millones noventa mil pesos.
La propuesta descartada fue presentada por Talleres Gráficos de México, institución que ofreció un precio aproximadamente 15% menor, además de contar con infraestructura instalada, experiencia probada en procesos electorales federales y locales, y ausencia de sanciones administrativas como proveedor institucional.
¿A consorcio pertenece Flexométrica?
De acuerdo con documentación y antecedentes revisados, Flexométrica no aparece sola ya que forma parte de un consorcio de empresas asociadas dedicado a la producción de material, documentación y servicios electorales, integrado también por Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Gráficas Corona JE e Ideeo Labs (todas SA de CV).
Este grupo ha sido señalado por utilizar distintas razones sociales de manera indistinta, dependiendo de la entidad federativa en la que busca contratos, así como por establecer alianzas altamente onerosas y cuestionadas con autoridades locales, lo que ha generado quejas de empresas competidoras y observaciones de instancias públicas.
Representación legal y figuras visibles
Un elemento común en los contratos vinculados a este grupo es la reiteración de la misma representante legal, Arcelia José Natera Díaz de León, quien ha fungido como apoderada legal de distintas empresas del consorcio de manera indistinta.
Como figuras visibles del grupo empresarial, fuentes del sector identifican a José Antonio Carranza Sordo, José Antonio Carranza Fernández y Fernando Fernández, cuyos antecedentes han sido objeto de cuestionamientos públicos en procesos electorales locales.
Los antecedentes en el caso de Oaxaca, se remontan al proceso electoral del año 2024, cuando empresas del mismo consorcio obtuvieron participación en la producción de material electoral, pese a no cumplir plenamente con los requisitos técnicos exigidos en la licitación.
De acuerdo con la documentación disponible, estas decisiones derivaron en una crisis logística para el Instituto, con entregas fuera de tiempo, deficiencias técnicas y la presentación de documentación apócrifa, lo que obligó a aclaraciones, sustituciones y ajustes de emergencia.
A estos antecedentes se suma que el consorcio empresarial se encuentra bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por posibles irregularidades e incumplimientos, entre ellos la presentación de documentación fiscal sin sustento.
¿Quién es objeto de investigación?
Asimismo, la propia presidenta del OPLE Oaxaca, Elizabeth Sánchez es objeto de investigaciones en la ASF, derivadas de observaciones a su gestión administrativa y presupuestal, lo que la llevó a tomar decisiones ilegales como la adjudicación directa de contratos de alto monto.
Cabe recordar que Sánchez González fue detenida en su domicilio en 2024, por incumplir determinaciones jurisdiccionales, hecho plenamente documentado, episodio que marcó un precedente negativo en su gestión.
Pese a este cúmulo de antecedentes, no se conocen acciones visibles por parte del Órgano Interno de Control.
La contralora del OPLE Oaxaca, Rosa Elia Vázquez Flores, quien tomó protesta en abril, no ha informado públicamente sobre investigaciones, medidas preventivas o pronunciamientos relacionados con estas decisiones.
De igual forma, las consejerías electorales, como órgano superior de dirección, no han fijado una postura pública, pese a que las decisiones comprometen recursos públicos, operación electoral y credibilidad institucional.
No se trata de un hecho aislado, sino de una cadena de decisiones y omisiones que colocan nuevamente al OPLE Oaxaca bajo escrutinio nacional, en un momento clave para la confianza en las instituciones electorales. El problema ya no es sólo quién decide, sino quién dejó de vigilar.
